En El Salvador, juicios colectivos sin garantías procesales resultan en condenas masivas basadas en fichas policiales opacas y testimonios protegidos. Ante la indefensión y el temor de los jueces, la revisión de casos quedó supeditada al entorno presidencial.
El análisis de expedientes judiciales y los testimonios de profesionales del derecho penal evidencian severas irregularidades en el desarrollo de los juicios a gran escala implementados en el país centroamericano. Miles de ciudadanos permanecen privados de libertad sin sentencia definitiva tras ser aprehendidos bajo sospechas infundadas durante patrullajes de rutina. La columna vertebral de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público radica predominantemente en registros policiales elaborados sin control pericial, testimonios de agentes intervinientes y declaraciones de informantes anónimos, elementos que resultan prácticamente inaccesibles para la verificación de los equipos defensores.
Las defensas técnicas denuncian una marcada asimetría en el acceso a la documentación del caso y la denegación sistemática de pruebas presentadas para demostrar la inocencia de los procesados. Esta dinámica procesal ha provocado que numerosos profesionales opten por apartarse de las causas o postergar sus planteos para instancias de apelación, ante la imposibilidad de ejercer un patrocinio efectivo en la etapa de juzgamiento.
Organizaciones defensoras de los derechos fundamentales y observadores internacionales señalan que los tribunales de la causa se pliegan a las directivas de la acusación pública, ignorando garantías constitucionales básicas y bloqueando recursos presentados por los abogados. La falta de transparencia se profundizó con la reserva total decretada sobre las actuaciones, impidiendo el seguimiento público de los debates y consolidando un esquema penal orientado de forma exclusiva a la emisión de penas privativas de la libertad.
En paralelo, manifestaciones vertidas por el entorno del Poder Ejecutivo revelaron la existencia de un comité administrativo paralelo encargado de filtrar los expedientes para eventuales liberaciones. Esta estructura informal, desprovista de control judicial y dirigida por sectores cercanos a la presidencia, pone de manifiesto que el margen de acción para la restitución de la libertad responde a criterios políticos antes que a las garantías procesales establecidas en el ordenamiento legal.
El “Millonario” sigue sin perder puntos desde que Leo Ponzio está en la dirección técnica.
Con la meta de alcanzar las 24.000 toneladas certificadas en 2026, la Asociación Argentina de Angus exhibirá su potencial ganadero en una exposición clave para el sector.
Sam Altman y Elon Musk respaldaron el llamado de Dario Amodei para desacelerar la carrera de la inteligencia artificial tras incidentes de ciberseguridad y severas advertencias de exinvestigadores.
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El informe sobre satisfacción política mostró una marcada polarización partidaria, un retroceso de la satisfacción con la política económica y dificultades financieras en los hogares.
El siniestro ocurrió en la localidad de Pitrufquén, donde el establecimiento operaba sin habilitación desde 2019. El gobierno instruyó revisiones urgentes en todo el país.
Una investigación de la UNSAM y Saint-Gobain reveló que 6,4 millones de familias enfrentan fallas cualitativas, hacinamiento o falta de servicios básicos, con fuertes brechas en el norte del país.
La periodista reaccionó en su programa luego de que el abogado del productor anunciara acciones legales, y cuestionó con dureza los manejos en la carrera de Tini Stoessel.
