La principal productora avícola del país, Granja Tres Arroyos, despidió a 250 trabajadores en su planta de Concepción del Uruguay. La firma atribuyó la medida al freno de las exportaciones por la gripe aviar, mientras los gremios rechazan fuertemente la decisión.
La empresa Granja Tres Arroyos, máxima firma productora de carne aviar en la Argentina, efectivizó el despido de 250 trabajadores en su planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La medida generó una inmediata alerta en el sector industrial y un enérgico rechazo sindical.
Impacto de la crisis en Granja Tres Arroyos:
Cuestión operativa: Despido directo de 250 empleados en Entre Ríos.
Causa principal: Caída de exportaciones por sucesivos brotes de gripe aviar.
Conflicto salarial: Deuda sindical superior a las cinco quincenas de sueldo.
Antecedentes: Inmueble cerrado desde mayo bajo proceso preventivo de crisis.
A través de las notificaciones formales enviadas por telegrama, la dirección de la compañía justificó los ceses laborales argumentando una fuerte disminución del trabajo no imputable al empleador. Según el comunicado técnico, la crisis responde a factores extraordinarios de mercado que alteraron de forma severa la cadena productiva.
Entre los fundamentos principales, la patronal destacó que la suspensión del comercio exterior avícola provocó una acumulación excesiva de mercadería. Esta sobreoferta en el mercado interno desencadenó un desplome de precios coincidente con un incremento constante de los costos.
Este escenario macroeconómico adverso derivó en un profundo deterioro financiero e institucional para la firma. La compañía ya había anunciado en mayo la paralización por tiempo indeterminado de la fábrica entrerriana a raíz de la tensión gremial.
En aquel momento, la administración de la avícola atribuyó la suspensión operacional a reiterados paralizaciones sindicales regionales. Para intentar contener el drenaje operativo, la firma inició un proceso preventivo de crisis e implementó un esquema de retiros voluntarios.
Adicionalmente, la firma avícola venía liquidando sus compromisos salariales de forma escalonada, abonando haberes en diversas cuotas mensuales. La persistencia de las trabas sanitarias internacionales terminó por asfixiar el flujo financiero de la planta de Concepción del Uruguay.
La respuesta de las agrupaciones gremiales no se hizo esperar ante la confirmación de las cesantías masivas. Tanto la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) como el sindicato local repudiaron el accionar de la empresa.
Mediante una declaración conjunta, los representantes de los trabajadores catalogaron las cesantías como un movimiento irresponsable y unilateral. Afirmaron que las cesantías acontecen mientras se mantenían mesas de negociación multisectoriales con los gobiernos provinciales de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
Asimismo, las organizaciones sindicales denunciaron que la purga alcanzó a representantes y delegados de planta. Remarcaron que las familias obreras soportan un atraso salarial superior a dos meses, profundizando el estado de vulnerabilidad socioeconómica.
Desde el nucleamiento gremial exigieron la inmediata intervención de las autoridades nacionales para frenar las desvinculaciones. Sostuvieron que el personal no debe funcionar como variable de ajuste descartable ante eventuales maniobras de reestructuración o liquidación de pasivos empresariales.
La situación en Concepción del Uruguay mantiene en incertidumbre a toda la comunidad regional, que depende directamente del dinamismo del polo avícola. Las cámaras del sector monitorean la evolución del conflicto mientras persisten las restricciones sanitarias externas.
Se aguardan reuniones clave en las próximas horas entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y las cúpulas gremiales. El objetivo prioritario consiste en dictar la conciliación obligatoria para retrotraer las cesantías y buscar alternativas de sostenimiento productivo.
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