La Justicia ordenó a la Nación reparar de inmediato tres rutas nacionales en Santa Fe

Un juez federal ordenó a la Nación reparar de inmediato las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe. El fallo rechazó excusas oficiales sobre falta de fondos y advirtió sobre el peligro vial y los costos logísticos.

Cartel

Exigencia de obras e inconsistencias en la gestión de fondos

El fuero federal con sede en Venado Tuerto confirmó una resolución que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad a encarar reparaciones estructurales y de emergencia sobre las arterias nacionales 7, 8 y 33 dentro del departamento General López. El fallo del magistrado actuante rechazó las excusas operativas de los organismos competentes y dispuso la ejecución inmediata de los trabajos, señalando que la falta de conservación constituye una negligencia manifiesta. La medida judicial se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre la asignación del fideicomiso vial, cuyos recursos, generados mediante tributos a los carburantes, habrían sido derivados a las arcas del Tesoro para sostener las metas fiscales en lugar de destinarse al mantenimiento de la red caminera.

El deterioro de los trazados no solo derivó en denuncias penales por presunta malversación contra autoridades del área económica, sino que generó severos trastornos en la circulación. A pesar de los intentos oficiales por ceder la jurisdicción de ciertos tramos a los gobiernos subnacionales o impulsar esquemas de participación privada, los tribunales ratificaron que las concesiones vigentes no desligan al Estado de su responsabilidad primaria sobre la seguridad en las carreteras.

Siniestralidad en ascenso y perjuicio logístico para la producción

El impacto de las deformaciones y pozos en la calzada provocó un marcado incremento de los siniestros viales en el sur santafesino, obligando a muchos conductores a desviarse hacia la red provincial. La falta de intervención estatal elevó los costos operativos para las cadenas agroexportadoras que trasladan sus granos hacia las terminales portuarias, además de saturar la atención en el sistema de salud público por el aumento de accidentes.

Desde los sectores productivos y la dirigencia regional remarcaron que el abandono de la infraestructura caminera atenta contra la vida de los usuarios y perjudica la competitividad del comercio exterior, exigiendo que se restituyan los giros económicos destinados por ley a la conservación de las calzadas.

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