con la Reforma Laboral aumentaron la desocupación y el trabajo en negro

El mercado laboral atraviesa una crisis donde conviven el fantasma del desempleo masivo, un escenario cada vez más precarizado y un récord creciente de litigiosidad.

Foto Guillermo Rodriguez Adami

Por Gonzalo Benedetti, abogado laboralista

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei nació bajo un lema fundamental: generar más empleo, blanquear el trabajo “en negro” y reducir los juicios laborales. Sin embargo, a más de dos años de la entrada en vigencia de la primera reforma, los números, datos y la realidad de la calle indican todo lo contrario a través de una brutalidad inocultable.

Hoy, el mercado laboral atraviesa una crisis de triple filo donde conviven el fantasma del desempleo masivo, un escenario cada vez más precarizado y un récord creciente de litigiosidad.

La desocupación, que ya se consolidó en un alarmante 7,9%, afectando a más de 1,7 millones de personas, no es un daño colateral imprevisto. Responde a una causal macroeconómica abrupta y directa: la caída del consumo interno y la parálisis total de los motores históricos del empleo, como la obra pública, la construcción privada, el comercio minorista y la industria manufacturera.

Entonces, si el mercado interno se vacía de poder adquisitivo, las empresas no van a contratar por más que exista una nueva ley laboral que les facilite contratar o despedir “más barato”. Ninguna ley laboral genera empleo. El empleo se genera con políticas económicas que incentiven el consumo y protejan a las industrias.

Es simple: si hay caída del consumo, es lógico que un comerciante no contrate a un nuevo empleado si no vende. Al enfriarse la actividad, a muchas empresas no les quedó otra que desvincular a sus dependientes a través de despidos, negociar renuncias y la no renovación de contratos para achicar estructuras y garantizar su propia supervivencia.

Crecimiento del trabajo informal

La contracara más cruda de este vaciamiento del empleo formal es la explosión del trabajo en negro y un cuentapropismo que roza la indigencia laboral. Ante la falta de puestos de trabajo o -incluso- salarios insuficientes, o que no llegan a cubrir las necesidades básicas, el refugio de millones de argentinos pasó a ser la famosa “changa”, o el autoempleo de subsistencia como conducir para aplicaciones de viajes o hacer repartos en moto o bicicleta, que se convirtieron en las verdaderas alternativas de empleo del modelo.

Hoy, casi un 50% de la masa laboral del país se encuentra en la absoluta precarización y clandestinidad del sistema laboral, en un ecosistema donde los ingresos promedio quedaron pulverizados frente a la inflación de los servicios y los alimentos, obligando a los trabajadores al pluriempleo, es decir, a tener dos o tres ocupaciones simultáneas, tan solo para poder subsistir y no caer bajo la línea de la pobreza.

Récord de juicios laborales

Otro dato que sacude al Gobierno es su derrota contra la mal llamada “industria del juicio laboral”. Lejos de pacificarse el frente corporativo, la Argentina se encamina a cerrar el 2026 con un récord histórico que roza los 138.000 nuevos juicios laborales, superando la marca del año pasado. Las causales de este revés judicial son contundentes.

En primer lugar, la propia redacción e implementación de la reforma introdujo una monumental inseguridad jurídica, a pesar de los riesgos que al respecto advertían gran parte de economistas, empresarios y abogados de empresas. Al no haber reglas claras ni jurisprudencia uniforme sobre la nueva normativa, tanto los empleadores como los trabajadores terminan judicializando cada discrepancia para ver quién gana la pulseada. Esto genera mayor aumento de juicios.

En segundo lugar, el fuero laboral de la justicia ha plantado una bandera de abierta resistencia. Diversas cámaras y juzgados claves ya han dictado fallos declarando la inconstitucionalidad de los topes indemnizatorios y las modificaciones que limitaban el cálculo de las multas por trabajo en negro, restándole toda efectividad práctica a la desregulación pretendida por el Gobierno y perjudicando económicamente a las empresas con sentencias adversas que eran de esperarse.

De este modo, el diagnóstico actual, la propia contundencia de los datos y la realidad social que se vive en las calles, obliga al Gobierno y a los sectores productivos a recalibrar el rumbo, entendiendo que el crecimiento no se decreta por ley, sino que se construye devolviendo dinamismo al mercado interno.

Ante este escenario hostil, el Gobierno resiste y -aún con gran parte del sector empresariado en su contra- espera que la actividad económica recupere el oxígeno básico para poder encontrarles verdadera utilidad a todas sus reformas y desregulaciones. Por el momento, en material laboral, el balance es “pulgar abajo”.

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