Un proceso judicial por abuso sexual simple comenzó en Mar del Plata contra un sargento primero del Ejército Argentino, imputado por hostigar, tocar y coaccionar a tres soldadas voluntarias a su cargo en el cuartel de Azul durante el año 2022.
Un proceso judicial por abuso sexual simple comenzó en Mar del Plata contra un sargento primero del Ejército Argentino, imputado por hostigar, tocar y coaccionar a tres soldadas voluntarias a su cargo en el cuartel de Azul durante el año 2022.
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó el juicio oral contra el sargento primero del Ejército Argentino, Héctor Lorenzo Andersen, imputado por abuso sexual simple contra tres soldadas voluntarias. Los hechos sucedieron a lo largo de 2022 en el cuartel de la localidad de Azul, donde el acusado se desempeñaba como encargado del puesto de mantenimiento.
Durante la audiencia inaugural, el fiscal general subrogante Carlos Fioriti y el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes presentaron la teoría del caso. La acusación sostuvo que el militar utilizó su posición jerárquica y la relación de dependencia para perpetrar tocamientos no consentidos, amedrentamientos y agresiones verbales.
El caso judicial se inició a partir de la denuncia de una voluntaria ingresada en agosto de 2022. Según la presentación, el sargento primero le exigía abrazos y besos cerca de la boca, le realizaba masajes en los hombros aduciendo que “estaba re tensa” y realizaba tocamientos sin consentimiento. Ante las negativas de la joven, el imputado reaccionó con enojo y amenazas de darla de baja de la fuerza, sumado a un acoso constante por WhatsApp y redes sociales.
El relato de la primera víctima ante la Comisaría de la Mujer de Azul incentivó la presentación de otras dos integrantes del cuartel. Una segunda soldada denunció maniobras similares entre octubre y noviembre de 2022, declarando que Andersen cerraba la oficina para forzar acercamientos físicos e insistía en que debía acceder porque sino “iban a terminar mal”. Tras la primera denuncia judicial, la joven relató haber recibido advertencias directas del acusado para que “no lo traicione”.
Asimismo, una tercera integrante de la unidad denunció al menos 12 episodios ocurridos entre enero y abril del mismo año, cuando acudía a la dependencia a realizar reparaciones desde el Casino de Oficiales. En sus declaraciones, afirmó que el imputado la sujetaba de la cintura y los hombros, al tiempo que realizaba de forma frecuente “chistes sexuales”.
El proceso encuadra las conductas en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, figura que contempla penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando mediare abuso de autoridad o intimidación derivada de una relación de poder.
Dos de las denunciantes cuentan con la representación de la Defensora de Víctimas, Inés Jaureguiberry. El tribunal integrado por los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini dispuso un cuarto intermedio y fijó la continuidad del debate para el lunes 24 de agosto, jornada en la que comparecerán nuevos testigos.
Las declaraciones expuestas en el debate exhiben el impacto del abuso de poder dentro de estructuras jerárquicas y abren el interrogante sobre las garantías con las que cuenta el personal subalterno para denunciar hostigamientos en el ámbito militar.
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