Tras siete horas de negociación en Caracas, el Gobierno y la oposición acordaron la renovación total del Tribunal Supremo y el desbloqueo de activos en el extranjero para atender la emergencia sísmica.
Tras siete horas de negociación en Caracas, el Gobierno y la oposición acordaron la renovación total del Tribunal Supremo y el desbloqueo de activos en el extranjero para atender la emergencia sísmica.

La mesa de diálogo entre el Gobierno venezolano y la representación de la Asamblea Nacional de 2015 acordó este miércoles la renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia. El pacto dejó sin efecto el procedimiento que adelantaba el Parlamento de mayoría oficialista e incluyó compromisos para tramitar la liberación de activos internacionales destinados a atender la emergencia por los terremotos del pasado 24 de junio.
El anuncio formal ocurrió en el Hotel Meliá de Caracas, tras una jornada de discusiones que se extendió por más de siete horas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Delegada opositora, Dinorah Figuera, leyeron el comunicado conjunto que selló el cierre de la primera etapa de conversaciones.
El entendimiento reestructuró la ruta que la cámara legislativa oficialista había iniciado en mayo para cubrir vacantes y ampliar el número de jueces de 22 a 32. Con esta resolución, se acordó la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales y la conformación de un consejo independiente encargado de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los aspirantes.
Paralelamente, las delegaciones ratificaron la constitución de dos mesas técnicas de trabajo. La primera instancia abordó la atención de los daños ocasionados por los sismos en la región central del país, principalmente en los sectores de vivienda, salud y servicios básicos.
En este punto, ambas partes coincidieron en promover gestiones para desbloquear las reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, bajo esquemas de auditoría y trazabilidad internacional.
La segunda mesa técnica se enfocó en el fortalecimiento institucional y el sistema penal. Aunque el comunicado no detalló medidas inmediatas sobre la situación de los detenidos por razones políticas, fuentes vinculadas al proceso indicaron que las reformas legales proyectadas buscan modificar instrumentos normativos vinculados a la persecución judicial.
El encuentro, desarrollado bajo la facilitación de Estados Unidos, contó con la presencia de un dispositivo de seguridad en los alrededores de la sede. A las afueras del recinto, organizaciones sindicales se manifestaron para exigir garantías laborales y electorales. Los voceros de ambas delegaciones se retiraron sin ofrecer declaraciones ni responder preguntas a los medios de comunicación. Las sesiones de trabajo se reanudarán a mediados de septiembre.
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