Causa fentanilo: investigan la trama de encubrimiento y quema de pruebas tras la tragedia médica

La investigación por el fentanilo contaminado reveló una trama de encubrimiento entre exfuncionarias de la ANMAT y directivos del laboratorio HLB. Quemaron documentación, borrar mensajes y montaron un falso robo para ocultar pruebas tras la tragedia médica.

García Furfaro permanece detenido en Marcos Paz por la causa fentanilo. Foto: NA.

Demora deliberada en los controles oficiales y favorecimiento estatal

Investigaciones judiciales sobre la comercialización de sedantes hospitalarios contaminados —evento que provocó decenas de fallecimientos a nivel nacional— expusieron un entramado de complicidad entre autoridades de fiscalización y directivos empresariales. De acuerdo con los dictámenes del Ministerio Público Fiscal, la cúpula de los organismos reguladores postergó por diez días las medidas judiciales e inspecciones tras recibir las primeras notificaciones sobre la presencia de bacterias en el anestésico, otorgando una ventana temporal que permitió alterar las pruebas operativas.

Durante dicho intervalo, exfuncionarias de los entes estatales obstaculizaron la radicación de denuncias penales hasta acomodar los registros administrativos internos. Asimismo, personal de supervisión técnica filtró avisos sobre operativos inminentes, permitiendo que la firma farmacéutica reestructurara sus instalaciones en turnos nocturnos antes del arribo de las inspecciones formales.

Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directivas investigadas. Foto: SAFYBI.

Incineración de insumos, eliminación digital y falso sabotaje

El expediente judicial detalla múltiples tácticas empleadas para neutralizar el material incriminatorio entre las sedes corporativas. Se confirmó la incineración de miles de gramos de materia prima vencida para evitar análisis de pureza, junto a la quema física de documentación contable y técnica. En paralelo, los implicados ejecutaron un borrado masivo de servidores informáticos, historiales de mensajería en dispositivos móviles y registros digitales de producción.

Para justificar el faltante de los libros de lote obligatorios ante los peritos, la compañía escenificó un supuesto acto vandálico en su establecimiento fabril. No obstante, las declaraciones testimoniales y las tareas periciales demostraron que se trató de un montaje destinado a descartar carpetas oficiales antes del desembarco de la policía científica.

Proceso judicial, detenciones y garantías pecuniarias

Las acusaciones formuladas por los fiscales derivaron en la imputación de exdirectivas nacionales por presunta infracción a los artículos del Código Penal que sancionan la elaboración y distribución de substancias medicinales nocivas, delito que contempla penas severas de prisión. Ambas involucradas permanecen sujetas al proceso tras el pago de cauciones millonarias, la entrega de bienes en garantía y la imposición de restricciones para salir del país.

Por su parte, los principales propietarios del grupo farmacéutico junto a sus colaboradores más cercanos continúan privados de la libertad desde hace meses. La causa avanza sobre más de una docena de vinculados, mientras los juzgados analizan la cadena de responsabilidades por el manto de impunidad que facilitó el ocultamiento de la tragedia.

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