Datos de la UART confirman una tasa récord de demandas a nivel nacional. Pese a un fallo reciente de la Corte Suprema, la judicialidad sigue en ascenso y preocupa al sector productivo.
Datos de la UART confirman una tasa récord de demandas a nivel nacional. Pese a un fallo reciente de la Corte Suprema, la judicialidad sigue en ascenso y preocupa al sector productivo.

La litigiosidad laboral continúa por encima de los valores del año pasado (comparados con Chile: 23 veces, y con España: 16 veces) y consolida una tendencia de crecimiento a nivel nacional.
De acuerdo con los últimos datos notificados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) de julio de 2026, durante los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevos casos. Con un ritmo que registra más de 11 mil demandas por mes en el último año, la proyección de aceleración para todo 2026 prevé alcanzar los 137.800 juicios.
Aunque el ingreso de 7.814 juicios durante julio presentó una baja en comparación con el mes pasado —debido al efecto estacional de las ferias judiciales en todo el país y tras un junio de valores muy elevados—, la judicialidad acumulada móvil de los últimos 12 meses ya suma cerca de 135.400 notificaciones, lo que ratifica la persistencia de un volumen desproporcionado de juicios laborales por ART.
Según los datos relevados por la UART, la provincia de Santa Fe vuelve a ser el foco de atención dentro del mapa judicial laboral. En julio, la jurisdicción registró una suba del 20,7% frente al mismo mes de 2025 y, con 1.525 nuevas demandas, superó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1.510), ubicándose como la segunda jurisdicción con más juicios del país, detrás de la Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, el acumulado de los primeros siete meses del año confirma la tendencia de que Santa Fe (12.150) es la jurisdicción más conflictiva del país, con el mayor incremento interanual (+18% vs. 2% del total nacional) y una tasa de litigiosidad proyectada para 2026 de 349 juicios cada 10.000 habitantes, más de 2,5 veces el promedio país que es 138.
Este incremento se contrapone con la tendencia esperada tras la creación del Cuerpo de Peritos Oficiales en la provincia, una reforma orientada a neutralizar los incentivos que alimentan demandas injustificadas y a devolver previsibilidad a trabajadores, empleadores y al sistema de riesgos del trabajo.
En la medida en que el Cuerpo de Peritos funcione adecuadamente y cumpla con los objetivos para los que fue creado, este crecimiento sostenido de los juicios debería comenzar a revertirse, poniendo fin a un récord tan preocupante como inexplicable para una provincia de enorme relevancia productiva, señalan desde la UART.
El pasado 6 de agosto, en el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó por unanimidad un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que había elevado la condena a la ART (por considerarla insuficiente), pese a que el trabajador no había apelado la sentencia.
El máximo tribunal consideró que se había violado el principio de “reformatio in peius”, una garantía procesal que impide reformar una sentencia en contra de quien la apeló, cuando la otra parte no la cuestiona, lo cual implicaba una afectación a la garantía de defensa en juicio.
Considerando lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral —que exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte bajo pena de incurrir en mal desempeño—, el fallo “Pagani” viene a sumarse a los precedentes de cumplimiento ineludible para las instancias inferiores, lo que constituye una señal alentadora para acotar la litigiosidad en la materia.
Para la UART, Este escenario da cuenta de que la litigiosidad sigue sin ceder, lo que exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales. Fallos como el mencionado son una señal en la dirección correcta, pero no alcanzan por sí solos para revertir una dinámica que, de persistir, pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores registrados del país.
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