Mediante una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 18 empresas prepagas inactivas y declaró en crisis a una obra social sindical.
Mediante una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud dio de baja a 18 empresas prepagas inactivas y declaró en crisis a una obra social sindical.
La Superintendencia de Servicios de Salud formalizó la baja de 18 entidades de medicina prepaga, mutuales y cooperativas que operaban con inscripciones provisorias sin acreditar actividad real ni cumplir con los requerimientos normativos.
A través de las resoluciones 1542, 1543, 1544, 1545 y 1546 publicadas en el Boletín Oficial, el organismo fiscalizador rechazó las solicitudes de inscripción definitiva del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
El procedimiento oficial responde a una auditoría general orientada a transparentar el padrón sanitario. Con esta medida, el Poder Ejecutivo superó la barrera de 180 organizaciones excluidas del registro oficial desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Un relevamiento previo determinó que las firmas alcanzadas no contaban con afiliados activos ni prestaban servicios dentro del marco establecido por la Ley 26.682.
Ante la falta de documentación respaldatoria solicitada durante las intimaciones preventivas, la autoridad regulatoria procedió al cierre de los expedientes. Las empresas dadas de baja, entre las que figuran Plan Odontológico Integral S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A., dispondrán de 20 días para presentar un recurso de reconsideración o 30 días para interponer un recurso de alzada en la vía administrativa.
En paralelo, la autoridad sanitaria declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (registro oficial 1-0460-3). Esta decisión administrativa se sustentó en la detección de inconsistencias en los indicadores prestacionales, fallas contables, irregularidades jurídico-institucionales y severas dificultades económico-financieras que comprometen su capacidad de repago.
A partir del encuadre en el régimen de crisis, la entidad sindical deberá elevar un plan de contingencia ante el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Superintendencia. La comisión técnica fiscalizará la ejecución de las metas operativas para garantizar la continuidad en las prestaciones médicas de los beneficiarios.
El reordenamiento del sistema de salud privado busca circunscribir el padrón nacional exclusivamente a prestadores con capacidad operativa real. La depuración de sellos inactivos coexiste con el deterioro financiero de obras sociales, planteando el desafío de equilibrar la exigencia de solvencia administrativa con la efectiva tutela del derecho a la salud de los usuarios.
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