Desde la sede policial de Santa Cruz, el consultor político negó el hallazgo de un millón de dólares, rechazó la existencia de una “granja de bots” y aseguró que no incentivó a su expareja a ir al lugar donde recibió tres disparos.
Desde la sede policial de Santa Cruz, el consultor político negó el hallazgo de un millón de dólares, rechazó la existencia de una “granja de bots” y aseguró que no incentivó a su expareja a ir al lugar donde recibió tres disparos.
En las horas previas a enfrentar su audiencia de medidas cautelares, el consultor político Fernando Cerimedo rompió el silencio desde las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz de la Sierra. A través de una carta abierta dictada de manera manuscrita a su abogada defensora, Margarita Arce, el exasesor de campañas digitales difundió un escrito de ocho puntos con el que buscó desarmar el entramado de acusaciones que pesan sobre él tras el intento de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller.
Las aclaraciones sobre el dinero y los modems
El documento, distribuido a los medios locales por la propia defensa, aborda punto por punto los elementos más comprometedores revelados durante los recientes operativos judiciales. En primer lugar, Cerimedo desmintió categóricamente las versiones periodísticas y judiciales que hablaban del hallazgo de sumas millonarias en efectivo durante los allanamientos a sus propiedades. “Es falso que hayan encontrado un millón de dólares”, aseveró a través de la letrada, argumentando que los montos secuestrados responden a fondos de origen legal derivados de contratos profesionales vinculados al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En esa misma línea, la carta buscó restar trascendencia técnica al secuestro informático realizado en su departamento del barrio Aranjuez, en La Paz. Mientras la Fiscalía investiga el hallazgo de una infraestructura catalogada como “minigranja de bots” orientada a la manipulación digital, el estratega sostuvo que los aparatos incautados consisten únicamente en módems de internet estándar que se encontraban guardados en sus cajas originales sin ningún fin ilícito.
El aeropuerto Viru Viru y la emboscada a Nadia Beller
Otro de los ejes centrales del descargo estuvo enfocado en rechazar las sospechas de peligro de fuga que justificaron su aprehensión inicial. Cerimedo afirmó que “nunca quiso irse del país” y que su presencia en el aeropuerto internacional de Viru Viru no constituyó un intento de escape tras el atentado. Según su relato, se trasladó a Santa Cruz de la Sierra únicamente para interiorizarse sobre lo sucedido luego de haber tomado contacto directo con Beller.
Respecto a la mecánica del ataque perpetrado el pasado 17 de agosto frente al Swissôtel de Santa Cruz de la Sierra, el imputado rechazó haber formado parte de la celada. La hipótesis de la imputación fiscal señala que la víctima acudió al lugar tras recibir mensajes de desconocidos que prometían información sensible, maniobra en la que Cerimedo la habría incentivado a asistir. Sin embargo, en la misiva el consultor negó de forma rotunda haber convocado a la abogada a la cita fatídica o haber tenido vínculo alguno con las personas que la contactaron previamente. Beller continúa bajo cuidados médicos tras sobrevivir a tres impactos de bala infligidos por dos hombres que simulaban ser repartidores en motocicleta.
Nuevos detenidos y el pedido de traslado a Chonchocoro
En la carta, Cerimedo también desmarcó su figura de presuntos esquemas de corrupción política al calificar como falsa la existencia de pagos o sobresueldos a legisladores bolivianos. No obstante, la situación procesal del estratega se complejiza por el avance coordinado de la policía, que en las últimas horas logró la detención de un hombre y una mujer señalados como colaboradores logísticos de la emboscada, a quienes se les incautaron cascos idénticos a los utilizados por los sicarios.
A la espera de que el juez de la causa defina la situación de Cerimedo en la reprogramada audiencia cautelar, el Ministerio Público ya anticipó su requerimiento: solicitará un período de 180 días de detención preventiva. En lugar de permanecer en la sede de la FELCC, la Fiscalía exigirá que el consultor sea enviado inmediatamente al centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz.
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