Frente al vertiginoso aumento de homicidios por narcotráfico, el Gobierno de Costa Rica inauguró este miércoles una megacárcel para 5.100 reclusos en Alajuela, buscando aislar a cabecillas criminales entre fuertes críticas por el hacinamiento carcelario.
El Gobierno de Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) en el complejo penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela.
La obra de 31.048 metros cuadrados de construcción requirió una inversión de ¢16.775 millones adjudicada a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes Sociedad Anónima. Diseñado para albergar a 5.100 privados de libertad de alto perfil criminal, el megaproyecto busca responder a la escalada de violencia que registró 905 homicidios en 2023, 876 en 2024 y 873 en 2025.
Durante el acto oficial, la presidenta de la República Laura Fernández arremetió contra el Poder Judicial y vinculó el éxito de la estrategia de seguridad a un mayor número de condenas. “El CACCO obligará a los delincuentes a enfrentarse a un nuevo modelo: un modelo de mano dura contra el crimen“, afirmó Fernández.
La mandataria también anunció una visita a El Salvador para evaluar la política penitenciaria impulsada por el presidente Nayib Bukele, modelo en el que se inspiró la nueva infraestructura costarricense.
A pesar del acto inaugural, la prisión no recibirá reclusos de inmediato. El ministro de Justicia Gabriel Aguilar reconoció que los primeros traslados ocurrirán a finales de octubre y que la ocupación total de sus cinco módulos se alcanzará de forma gradual hasta diciembre. La apertura acumuló más de dos meses de retraso respecto al plazo inicial de 195 días prometido en enero durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves.
El funcionamiento de la megacárcel plantea severas dudas en materia presupuestaria e institucional. La Policía Penitenciaria requiere 600 agentes para custodiar los cinco módulos, pero el Ejecutivo no presupuestó recursos para la contratación de nuevas plazas durante este año.
Para poner en marcha el centro, las autoridades reasignarán oficiales experimentados de otras cárceles y sumarás egresados de la Academia Nacional de Policía, lo que genera incertidumbre sobre la vigilancia en el resto del sistema penitenciario.
La adición de 5.100 plazas no erradicará el problema de fondo. Con una capacidad instalada nacional para 13.289 personas y una población reclusa que supera los 21.173 adultos, el sistema penitenciario registra una ocupación aproximada del 160 %.
La entrada en operación del nuevo centro reducirá la ocupación al 115 %, una cifra que ubica al país al borde del límite de hacinamiento, fijado en 120 %. El incremento anual de ingresos en prisión preventiva, que pasó de 4.500 a más de 6.000 personas en años recientes, amenaza con saturar las instalaciones a corto plazo.
Organizaciones de derechos humanos manifestaron preocupación por las condiciones internas, que incluyen pabellones con camarotes de tres pisos y servicios sanitarios abiertos, así como por los costos fijos de alimentación y servicios públicos que el Ministerio de Justicia no ha detallado.
Mientras Costa Rica adopta la tendencia de megacárceles vista en la región, el debate sobre su eficacia a largo plazo permanece abierto. ¿Podrá la infraestructura penitenciaria contener el crimen organizado si la capacidad de reinserción y el presupuesto estatal no crecen al mismo ritmo?
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