El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos policiales inmediatos para deportar a migrantes en situación irregular o vinculados a delitos. La medida marca un severo cambio respecto a la histórica política de acogida del país.
El Gobierno colombiano instruyó la puesta en marcha inmediata de dispositivos de seguridad conjuntos entre la Fuerza Pública y los organismos de control migratorio para ubicar y expulsar del territorio a ciudadanos extranjeros que permanezcan de forma no reglamentada o que incurran en contravenciones penales. La disposición marca una ruptura con la estrategia de acogida y regularización masiva instrumentada durante el último decenio por las administraciones precedentes frente al flujo de la población venezolana.
Las acciones territoriales priorizarán la detección de personas vinculadas a hechos delictivos para su posterior trasladado fuera de las fronteras nacionales. De acuerdo con datos oficiales de la autoridad migratoria, la medida impactará directamente sobre la población que no ha completado los esquemas de formalización administrativa, en un contexto donde el país alberga a la mayor comunidad de desplazados del país vecino en la región.
La iniciativa gubernamental suscitó cuestionamientos por parte de observadores académicos y sectores parlamentarios, quienes advirtieron sobre los riesgos de vincular el estatus administrativo irregular con la comisión de delitos. Desde diversos espacios legislativos remarcaron que este tipo de abordajes puede intensificar conductas de estigmatización y afectar la integración económica de la población migrante, la cual aporta sustanciales recursos a la dinámica comercial interna mediante el consumo y el pago de tributos.
Asimismo, especialistas en relaciones internacionales señalaron que la aplicación de deportaciones masivas presenta severos desafíos logísticos debido a la extensa frontera compartida de más de dos mil kilómetros y la complejidad de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. Los críticos del plan insistieron en que la vía punitiva dista de resolver los problemas de seguridad urbana y contraviene las recomendaciones de organismos multilaterales sobre la protección de derechos de los refugiados.
Un informe sobre el sistema financiero reveló que los bancos tradicionales concentran la mayor cantidad del dinero adeudado. En paralelo, se detectó un preocupante incremento en los niveles de morosidad entre los jóvenes de 18 a 25 años.
ARCA extendió hasta el 22 de septiembre de 2026 el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de 2025. Además, postergó para el 24 de septiembre el pago del primer anticipo correspondiente al período 2026.
La diputada Victoria Tolosa Paz instó a definir la conducción del Partido Justicialista a través de las urnas. Además, defendió las primarias abiertas y criticó duramente la gestión económica y la falta de contención social del Gobierno nacional.
Un vuelo de Plus Ultra procedente de Argentina debió aterrizar de emergencia en Brasil por fallas mecánicas. Tras experimentar severos problemas de hospedaje para los casi 300 pasajeros, la aerolínea reprogramó el trayecto hacia España para este martes.
Donald Trump anunció una suba arancelaria al 50% para la importación de acero, vehículos y autopartes provenientes de Canadá a partir de 2027. La medida intensifica la disputa comercial tras el colapso de las negociaciones bilaterales y las represalias canadienses.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos policiales inmediatos para deportar a migrantes en situación irregular o vinculados a delitos. La medida marca un severo cambio respecto a la histórica política de acogida del país.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que el diálogo con Estados Unidos está estancado por falta de una agenda común. Pese a las sanciones económicas de Washington, descartó un viraje hacia el capitalismo y ratificó el modelo socialista.
Dos meses después de los devastadores terremotos en Venezuela, las víctimas fatales ascendieron a 6.509 y los atendidos superan los 226.000. Mientras la ayuda internacional disminuye, el Gobierno continúa sin precisar el número oficial de personas desaparecidas.
