Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
El éxodo masivo del pueblo rohingya hacia Bangladesh cumplió nueve años en un contexto de creciente inestabilidad y reducción del respaldo financiero internacional. De acuerdo con datos oficiales registrados hasta el 31 de julio de 2026, un total de 1.202.034 personas pertenecientes a esta minoría residen en territorio bangladesí, concentradas en su mayoría en 33 campamentos del distrito de Cox’s Bazar y en la isla de Bhasan Char.
Naciones Unidas y sus organizaciones aliadas solicitaron un plan de respuesta por 710,5 millones de dólares para cubrir requerimientos alimentarios, sanitarios y de alojamiento.
La suma representó una disminución del 26 % respecto al presupuesto del año anterior. Pese a la reducción del monto solicitado, la comunidad internacional ha financiado únicamente el 60 % de dicho plan, lo que obligó a las agencias humanitarias a priorizar servicios básicos y suspender programas secundarios.
La falta de un marco legal nacional sobre el asilo en Bangladesh —país que no firmó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951— complica el acceso a oportunidades económicas formales para las familias asentadas. La precariedad estructural en las viviendas de lona y bambú aumenta el riesgo de la población durante la temporada de monzones, que transcurre entre junio y octubre.
Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, correspondiente al período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, detalló que tanto las Fuerzas Armadas de Myanmar como el grupo insurgente Ejército Arakan cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos en el estado de Rakhine.
Las denuncias incluyeron ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y el reclutamiento forzado de civiles, entre ellos menores de edad. Desde el golpe de Estado de 2021 en Myanmar, las acciones armadas causaron la muerte de al menos 8.075 civiles.
El documento del organismo internacional también destacó la expansión de la minería ilegal de tierras raras en las regiones de Kachin y Shan, la cual generó ingresos estimados en 1.400 millones de dólares en 2023. Los desechos tóxicos de esta actividad contaminaron cuencas hidrográficas que llegan hasta Tailandia, donde las autoridades detectaron concentraciones elevadas de plomo, mercurio y arsénico.
Frente a la imposibilidad de retornar de manera segura a sus comunidades de origen y el deterioro de las condiciones de vida en los asentamientos, cientos de personas intentaron salir por vías marítimas. En 2025 se registraron cerca de 900 refugiados muertos o desaparecidos en el mar de Andamán y el golfo de Bengala.
Nur Kalam, refugiado rohingya de 21 años y voluntario en el campamento de Kutupalong, expresó el impacto emocional de la población: “Hemos superado muchas situaciones traumáticas. La violencia en los campamentos ha aumentado, de manera que las personas se asustan en las noches incluso cuando revienta un globo. Tememos no poder volver nunca a nuestro país. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos”.
Las agencias internacionales advierten que la atención mínima actual no detiene el deterioro social. Ante el estancamiento político en Myanmar y la contracción de la asistencia global, la permanencia indefinida de más de un millón de personas sin estatus legal definido plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de los campamentos y el futuro de las relaciones fronterizas en el sur de Asia.
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