Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, un total de 1.246.285 personas pasaron a depender de manera exclusiva del sistema de salud pública en Argentina.
Así lo reveló un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que advierte sobre un incremento generalizado en todas las regiones del país de la población que carece de obra social, prepaga o mutual, fenómeno que sobrecarga la infraestructura estatal.
Aumentos en prepagas y pérdida de empleo formal
El análisis del instituto vincula de forma directa este trasvase con la evolución de los precios y la situación laboral. “Según las aperturas del IPC, desde noviembre 2023 a julio 2026 el precio de las prepagas creció 475% mientras que la inflación fue del 329%”, detalla el documento.
A este desfase tarifario se le suma el deterioro del mercado de trabajo: “La perdida de 241.746 empleos desde que asumió Milei es inescindible de este fenómeno. Deja sin obra social tanto al trabajador como a su grupo familiar”.
Esta combinación de factores provocó que la población sin cobertura privada creciera un 21,4% en los partidos del Gran Buenos Aires, donde la participación del sector sin prepaga u obra social pasó del 30,8% al 35,9%. Por su parte, en la región de Cuyo el indicador trepó del 34,3% al 38%, mientras que en la Patagonia subió del 21,5% al 23,4%.
Impacto federal y distribución por género
El impacto territorial mostró picos críticos en determinados centros urbanos. Los aglomerados que registraron las mayores alzas de personas sin cobertura privada fueron Ushuaia – Río Grande, con un incremento del 47,1%; Viedma – Carmen de Patagones, con un 40,1%; y el Gran Catamarca, que alcanzó un aumento del 21,8%.
En términos demográficos, el fenómeno se distribuyó de manera uniforme entre ambos sexos. Las mujeres en esta condición aumentaron un 13,35%, pasando de 4.682.237 en el último trimestre de 2023 a 5.307.185 en el primer trimestre de 2026. En el caso de los varones, la cifra creció un 13,09%, al trepar de 4.745.894 a 5.367.231 en el mismo período.
El panorama planteado por el IAG confirma una presión sin precedentes sobre los hospitales públicos del país, en un contexto donde el acceso a la medicina privada resulta insostenible para un porcentaje cada vez mayor de la sociedad.