Con una sincronía política perfecta, la Justicia archivó la causa por el ingreso sin control de diez bultos desde Miami. El magistrado firmó la resolución horas antes de asumir su ascenso impulsado por Javier Milei, dejando en la absoluta oscuridad quién dio la orden telefónica para liberar la Aduana.
El tiempo en la política y en la Justicia suele regirse por relojes que marchan coordinados de forma milimétrica. En su último día hábil al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, el juez Pablo Yadarola dictó el archivo de la causa que investigaba el presunto contrabando de diez valijas ingresadas al país sin fiscalización. El expediente salpicaba directamente a Laura Belén Arrieta, empleada del influyente empresario Leonardo Scatturice, un hombre de estrecha llegada al entorno del presidente Javier Milei. La firma del fallo se produjo con una oportunidad institucional evidente: un día antes de que Yadarola jure como camarista en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, tras obtener la firma del Poder Ejecutivo para integrar el tribunal que revisa las causas de corrupción.
El caso, que durante dieciocho meses generó extrema tensión en los pasillos del poder, comenzó el 26 de febrero de 2025. Aquella jornada, el avión privado Bombardier Global 5000 (matrícula N18RU) aterrizó en el área metropolitana procedente de Miami. A bordo viajaban los pilotos y su única pasajera: Laura Belén Arrieta, quien permaneció cinco días en el país antes de partir rumbo a París. Aunque al principio el Gobierno intentó minimizar el episodio argumentando que la comitiva apenas llevaba un bolso de mano, la reconstrucción realizada por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez desarticuló el relato oficial. Las cámaras de seguridad probaron que al menos diez bultos de gran tamaño descendieron de la nave y esquivaron los escáneres obligatorios.
Las imágenes del aeropuerto expusieron una secuencia preocupante. Mientras los demás pasajeros hacían fila para controlar su equipaje en el hall central, Arrieta realizó una llamada desde su celular y le entregó el aparato a la vicejefa de la Aduana. Tras escuchar a la persona del otro lado de la línea, la alta funcionaria le habilitó un atajo exclusivo que le permitió sortear las inspecciones junto a la tripulación. A lo largo de dieciocho meses de investigación, la Justicia nunca logró determinar quién estuvo del otro lado del teléfono ni quién dio la orden impune para liberar el paso.
Frente al avance del escándalo, las explicaciones de la Casa Rosada exhibieron severos giros conceptuales. En un primer momento, la portavocía presidencial a cargo de Manuel Adorni tildó de inviable el contrabando, e insinuó que era ridículo pensar que se podía salir de Estados Unidos con equipaje no registrado. Sin embargo, al ser acorralado por las pruebas fílmicas del Ministerio Público Fiscal, el Ejecutivo alteró su relato y volcó las culpas sobre los agentes aduaneros.
El propio Milei argumentó que el personal aduanero posee la facultad legal discrecional de eximir del escáner a quienes considere oportuno, omitiendo señalar que el organismo depende del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo.
Al justificar el cierre provisorio de las actuaciones, Yadarola fundamentó su decisión en la presencia de “límites probatorios estructurales”. Según el magistrado, la imposibilidad de haber realizado un escaneo en tiempo real, la demora inicial en la denuncia y la falta de respuesta a los requerimientos enviados a las autoridades de Washington tornaron imposible avanzar con las acusaciones. Sin embargo, la resolución aclaró que el archivo no posee carácter definitivo, supeditando una eventual reapertura a los datos que pudieran remitir desde Estados Unidos sobre la ruta, mercadería o pasajeros de la aeronave.
En la misma resolución, Yadarola dispuso remitir testimonios a la Cámara Federal para investigar el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del personal aduanero. Paradójicamente, dichas actuaciones recaerán en el mismo tribunal donde el magistrado asumirá desde hoy, tras ser promovido por decreto del Ejecutivo. Además, encomendó a la Aduana fijar protocolos obligatorios de fiscalización y auditorías para los vuelos privados internacionales.
Detrás del itinerario de Arrieta emerge la figura de Leonardo Scatturice, dueño del avión, propietario del correo OCA y accionista de la golpeada empresa Flybondi. Scatturice es señalado en el ámbito político como un puente informal entre el esquema de La Libertad Avanza y sectores del poder estadounidense vinculados a Donald Trump. El archivo provisorio dictado por la Justicia deja bajo llave el misterio de las diez valijas, amparado por los reacomodamientos estratégicos en Comodoro Py.
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