El Gobierno impulsará cambios en la Ley 26.659 para endurecer las sanciones a petroleras que operen sin permiso en Malvinas. La iniciativa busca extender responsabilidades penal y civil a proveedores, directores y accionistas, además de transferir el control administrativo a la Cancillería.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones a empresas, proveedores y accionistas vinculados a la explotación hidrocarburífera no autorizada en las Islas Malvinas. La medida busca ajustar las herramientas normativas vigentes frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion.
15 años de prisión es la pena máxima fijada por las modificaciones penales incorporadas en 2013.
Decreto 868/2026 transfirió la autoridad de aplicación desde la Secretaría de Energía hacia la Cancillería.
Declaración jurada obligatoria para las empresas que soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Sancionada por unanimidad en marzo de 2011 e impulsada por el entonces senador y cineasta Fernando “Pino” Solanas, la Ley 26.659 fijó las prohibiciones para operar en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación estatal. El texto prohíbe además la participación directa o indirecta en empresas infractoras y veda cualquier contratación comercial, logística, técnica o de asesoría con dichas firmas.
En 2013, la norma fue reforzada mediante la Ley 26.915, la cual incorporó penas de 5 a 10 años de prisión por actividades de exploración no autorizadas, y de 10 a 15 años de cárcel para la extracción, transporte o almacenamiento. El marco sancionatorio contempla inhabilitaciones administrativas de hasta 20 años y multas equivalentes al valor de mercado de hasta 1.500.000 barriles de petróleo WTI.
A través del Decreto 868/2026, la Casa Rosada resolvió trasladar la autoridad de aplicación al Ministerio de Relaciones Exteriores para alinear las actuaciones administrativas con la estrategia diplomática nacional. El decreto obliga a las dependencias públicas a informar irregularidades en un plazo máximo de cinco días e impone la firma de declaraciones juradas de cumplimiento normativo para concesiones petroleras y proyectos del RIGI.
Por su parte, el nuevo proyecto enviado al Parlamento, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, equipara la responsabilidad de proveedores, directores y accionistas con la de las empresas operadoras. La iniciativa prohíbe las contrataciones de los infractores con el sector privado en todo el país, habilita la figura del juicio en ausencia y extiende el régimen sancionatorio hacia actividades logísticas, pesqueras y de transporte marítimo.
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