A través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia, el Gobierno reasignó más de $360.000 millones para potenciar las Fuerzas Armadas, la inteligencia y la agencia espacial. Las medidas buscan acelerar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y endurecer las sanciones diplomáticas contra la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas.
Tras la reciente cadena nacional encabezada por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo formalizó este viernes en el Boletín Oficial un giro de 180 grados en su política exterior hacia el Atlántico Sur. Mediante la publicación de dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno puso en marcha un ambicioso plan de reasignación presupuestaria y endurecimiento normativo para incrementar la presencia militar y el control soberano sobre las Islas Malvinas y la Antártida, marcando un quiebre respecto a la postura de diálogo directo con el Reino Unido entablada al comienzo de la gestión.
Este viraje estratégico coincide con el complejo escenario internacional signado por las crecientes presiones de Donald Trump hacia Londres por la crisis en Oriente Medio, sumadas a sus sugerencias de abandonar la histórica neutralidad de Washington en la disputa de soberanía. En este contexto geopolítico, la Casa Rosada resolvió fortalecer la capacidad disuasiva y de patrullaje de la Argentina mediante un shock de financiamiento público.
El DNU 867/2026 actúa como la herramienta de reestructuración financiera de la medida. A través de este instrumento, la administración libertaria destinará más de $217.950 millones al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. El reparto de las partidas establece que el Ejército Argentino recibirá $60.429,5 millones, la Fuerza Aérea Argentina obtendrá $34.156,9 millones, la Armada Argentina sumará $8.115,6 millones y el Estado Mayor Conjunto dispondrá de $519,4 millones.
Adicionalmente, el decreto contempla $30.519 millones extras para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y otros $119.290 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), destinados a optimizar el monitoreo satelital y las capacidades de telecomunicaciones en la región austral.
Dentro del anexo presupuestario del DNU se destacan los fondos asignados para reimpulsar la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. El proyecto, iniciado en 2022 y objeto de disputas geopolíticas entre China y Estados Unidos, se consolida como un enclave estratégico para brindar soporte logístico y militar hacia el continente blanco. Esta instalación se articulará de forma directa con la puesta en valor de la Base Antártica Conjunta Petrel y el desarrollo del Polo Logístico Antártico.
Por su parte, el DNU 868/2026 se enfoca en el aspecto regulatorio y diplomático. La normativa faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a aplicar de manera acelerada la Ley 26.659, otorgando a Cancillería un procedimiento sumario y exprés para sancionar a empresas que exploten o colaboren con la extracción no autorizada de petróleo y gas en la plataforma continental argentina.
La medida también fija un filtro estricto al establecer que cualquier compañía vinculada directa o indirectamente con actividades ilícitas en el área de Malvinas quedará inhabilitada de manera automática para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
A pesar del impacto político de los anuncios, la iniciativa generó miradas encontradas en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Resulta paradójico que una gestión comprometida con la reducción del gasto ejecute un fortalecimiento de las capacidades estatales de esta magnitud. Además, el sector castrense arrastra un fuerte ajuste en las partidas del Presupuesto 2026 que proyecta extenderse durante el próximo ejercicio fiscal.
A este panorama se suma la desconfianza que despierta en la cúpula militar el plan impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poner a la venta diversos inmuebles bajo la órbita del Estado Mayor. De hecho, las autoridades militares lograron frenar la subasta de predios estratégicos en las inmediaciones de Ushuaia, contiguos a la zona donde se erigirá la base naval. El malestar en la tropa se completa con la delicada situación salarial del personal —que solo percibirá subas escalonadas de bajo impacto hacia fin de año— y la profunda crisis de cobertura asistencial que atraviesa la obra social OSFA.
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