Tras la suspensión de la Ley Penal Juvenil en suelo bonaerense, La Libertad Avanza anunció este martes que pedirá el juicio político a la jueza Marta Pascual. El oficialismo acusa a la magistrada de frenar una norma votada por el Congreso.
Tras la suspensión de la Ley Penal Juvenil en suelo bonaerense, La Libertad Avanza anunció este martes que pedirá el juicio político a la jueza Marta Pascual. El oficialismo acusa a la magistrada de frenar una norma votada por el Congreso.
La representación bonaerense de La Libertad Avanza confirmó este martes que solicitará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La reacción oficialista respondió al fallo dictado por la magistrada, el cual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, a solo 48 horas de la entrada en vigencia de la Ley 27.801.
El diputado nacional, Sebastián Pareja, titular del partido en la provincia, apuntó duramente contra la resolución: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”.
En esa línea, Pareja vinculó a la magistrada con la gestión provincial: “Una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
La resolución de la magistrada surgió a partir de un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.
En su escrito, Pascual cuestionó la capacidad operativa de la provincia para alojar a menores de 14 y 15 años: “Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”.
Tras las duras acusaciones recibidas, la propia jueza defendió públicamente su postura en declaraciones radiales, aclarando que no se opone a la decisión legislativa: “Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14 años. Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente y no es así”.
A su vez, remarcó la necesidad de un enfoque integral: “No pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”.
El fallo generó inmediatas reacciones en el Poder Ejecutivo. La senadora Patricia Bullrich criticó lo que definió como “una Justicia provincial garantista que deja libres a quienes cometen delitos”.
Asimismo, el vocero presidencial Adrián Ravier tildó de “inaceptable” la postergación de la norma, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtió: “Es una barbaridad. Nos hace mucho daño a todos”.
En paralelo, la ONG Usina de Justicia formalizó una denuncia penal contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Con la convocatoria fijada por la jueza para una audiencia informadora el 16 de septiembre, el trámite del jury de enjuiciamiento impulsado por el oficialismo deberá atravesar la Secretaría de Enjuiciamiento en el Senado bonaerense. ¿Logrará la presión política remover a la magistrada o prevalecerá el debate sobre la falta de infraestructura para aplicar el nuevo sistema penal juvenil?
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