Lemoine fijó la posición oficialista sobre créditos y discapacidad

Diputada, ¿podría precisar los motivos de la denuncia judicial que presentó su espacio contra la senadora provincial Malena Galmarini?

En la sesión anterior hicimos una denuncia en la Justicia porque la senadora Malena Galmarini hizo un viaje privado… Digamos, está bien que un senador, un diputado, un funcionario público viaje en un avión privado, no tiene nada de malo. El problema es que se lo pagó un empresario, y ese empresario es el mayor aportante de campaña de su marido en el 2023, Sergio Massa, y que además tiene negocios con la provincia de Buenos Aires. Y ella es una funcionaria pública.

Yo creo que esto salió en los diarios, pero creo que la opinión pública, y quizás hasta el periodismo, le pasó desapercibido porque estamos acostumbrados a decir que es «la mujer de Massa», pero no: Malena Galmarini es senadora provincial. Y un senador provincial, al igual que un senador o un diputado nacional, está atado a la Ley de Ética Pública y tiene que responder públicamente a sus actos aunque sean privados. Si no hubiera trascendido en los medios no hubiéramos hecho la denuncia, obviamente.

Y cabe recordar que, a ver, la cuestión de privilegios fue más que nada porque ella se refirió al abogado como un… lo descalificó y además dijo que la denuncia era absurda. Y no es absurda. Sería absurda si ella fuera un ciudadano que no tiene un cargo público, pero lo tiene y tiene que rendir cuentas porque tenemos que saber si se ha cometido el delito de dádiva, que está bien expresado en el Código Penal y además está considerado en la Ley de Ética Pública a la cual ella está sujeta.

Entonces a mí me parece que una senadora provincial no puede sentirse por encima de la ley. Sentí una impunidad de parte de ella. Y también para pedirle a la presidenta del Senado, a Magario, que tenga consideración en este tema y que nos ayude, que no obstaculice la justicia y que colaboren, como hizo el exjefe de ministros, Manuel Adorni, que estuvo siempre a disposición de la Justicia y se hizo todo con muchísima celeridad —todavía no ha sido absuelto, pero va camino a ello—. Ella no tiene nada que ocultar si es inocente, si su marido es inocente, si el empresario es inocente; es ir, dar explicaciones y nada más.

¿Qué mensaje le transmite a las familias de personas con discapacidad que temen la pérdida de beneficios ante un eventual vencimiento de la ley de emergencia?

Pero es que, a ver, hay que ver los temas en particular. No puedo decir una cosa en general a una persona que no conozco un caso en particular. Son temas que hay que ver caso por caso, no es un tema general.

¿Cuál es la postura de su bloque respecto al debate sobre los deudores del sistema financiero y qué respuesta se le da a este sector?

Para mí no es un tema que tenga que intervenir el Gobierno, es un tema entre privados. No es la primera vez que le va a pasar a alguien ni va a ser la última, pero si vos intervenís y salís a rescatar la deuda de los bancos… Porque los más interesados en cobrar estas deudas son los bancos, son las entidades financieras, y ellos son los que deberían preocuparse por refinanciar las deudas, por dar facilidades de pago, por otorgar los créditos apropiadamente, no el Estado. Porque entonces las personas que no tomaron un crédito van a estar pagando por las que sí. Y las personas que tomaron un crédito y no se dieron cuenta porque no hay buena educación financiera —no hay educación financiera en el colegio—…

¿Considera que debería incorporarse la educación financiera de forma obligatoria en el sistema educativo?

Depende… que no iban a poder pagarlo, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la gente no aprenda. A mí me pasó cuando era joven. Listo, lo aprendí muy bien, no me volvió a pasar. Entonces, los que se quedarían sin cobrar serían los bancos. Salir a rescatar ahora es rescatar a los bancos, no rescatar a las personas.

Las definiciones de Lilia Lemoine sintetizan la doctrina dogmática de La Libertad Avanza frente a la agenda legislativa de la oposición. Por un lado, mantiene una línea de confrontación directa y judicial con la dirigencia opositora amparándose en el cumplimiento de la Ley de Ética Pública. Por el otro, ratifica el principio de no intervención estatal en los contratos privados y financieros, rechazando los subsidios o salvatajes legislativos al considerar que terminarían beneficiando a las entidades bancarias a costa de los contribuyentes.