El giro en el Ministerio de Justicia y las maniobras en la Cámara Federal
El destacado editorialista, Joaquín Morales Solá, analiza cómo la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia transformó la política judicial del Gobierno, favoreciendo ascensos cuestionables. El autor destaca el caso de Pablo Yadarola, ascendido a la Cámara Federal tras cerrar la causa por el ingreso de bultos sin control aduanero en el avión del empresario Leonardo Scatturice. Yadarola, ubicado originalmente en el puesto 16° del concurso, escaló posiciones de forma llamativa tras la revisión de entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura, contando con el aval legislativo de libertarios y kirchneristas.
Morales Solá enfatiza la arbitrariedad de estas designaciones citando la falta de rigor en los concursos:
“José Miguel Guerrero, amigo del ministro de Justicia y exfuncionario de Mahiques hijo… había quedado en el lugar 32 luego de la evaluación de antecedentes, la prueba de oposición y la etapa de impugnaciones. No tenía ninguna posibilidad de ser juez. Sin embargo, tras la entrevista personal ascendió al puesto 23 y logró incorporarse a una terna como posible juez. O saben hablar, pero no saben escribir, o la influencia de los amigos es lo único que importa en la designación de los jueces”.
La red de protección a la conducción de la AFA
El editorialista señala los estrechos vínculos entre Mahiques y los dirigentes de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, investigados por presunto fraude y lavado de dinero. Ejemplos como el ascenso del juez Agustín Rubiero a la Cámara Civil —quien anuló la veeduría de la IGJ sobre la AFA— o la postulación de María Pérez Cárrega para un juzgado en lo Penal Económico clave, evidencian un esquema orientado a controlar causas sensibles, como la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a la entidad deportiva.
La complicidad política y las trabas a la transparencia
Morales Solá remarca que estas anomalías persisten debido a la negativa de la dirigencia política a aplicar acuerdos de la Corte Suprema que restrinjan la discrecionalidad de las entrevistas personales. Concluye que, amparado por Karina Milei y mediante decretos que reducen el control ciudadano, el Ministerio de Justicia busca cubrir las vacantes judiciales con aliados y compinches, consolidando un sistema donde la política corrompe a los tribunales.