El documento fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.
El documento fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.
Una carta oficial fechada el 26 de enero de 1833 aporta un relato detallado sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas y revela cómo el Gobierno de Buenos Aires informó lo ocurrido a las autoridades de Tucumán.
El documento fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.
La misiva, de cuatro hojas, reconstruye los acontecimientos a partir del parte elaborado por José María Pinedo, comandante de la goleta Sarandí, que se encontraba en las islas cuando llegó la corbeta británica HMS Clio.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el texto califica lo ocurrido como una “nueva escandalosa agresión” y sostiene que la acción se produjo “en deshonor del Pabellón Argentino” y en perjuicio de los derechos de la República.
El documento también deja asentado el desconcierto de las autoridades argentinas frente a la conducta británica, especialmente por los vínculos diplomáticos existentes entre ambos países. Balcarce remarca que la ocupación resultaba todavía más grave por las relaciones de “amistad y comercio” que mantenían la Argentina y Gran Bretaña.
La carta relata que el 2 de enero de 1833 el comandante británico John Onslow se presentó ante Pinedo y le comunicó que había llegado para tomar posesión de las islas. De acuerdo con el relato oficial, Onslow exigió que el pabellón argentino fuera arriado dentro de las siguientes 24 horas y reclamó que las tropas y habitantes abandonaran el territorio.
Pinedo, según la documentación, rechazó inicialmente esa exigencia y manifestó que no podía aceptar la decisión británica sin recibir instrucciones expresas de su Gobierno.
En uno de los pasajes más contundentes, el gobernador bonaerense describe la situación como un acto de fuerza cometido por una nación que hasta entonces había mostrado una conducta amistosa hacia la Argentina.
La misiva señala que Pinedo realizó sucesivas protestas ante Onslow y que incluso intentó conseguir que la ejecución de la orden se demorara hasta recibir instrucciones de Buenos Aires.
La tensión aumentó durante la jornada del 3 de enero. Pinedo volvió a entrevistarse con el comandante británico y cuestionó nuevamente la decisión de tomar el control de las islas. Según el documento, Onslow respondió que contaba con las fuerzas necesarias y que esperaba refuerzos, por lo que Pinedo podía actuar “como le pareciera”.
Ante esa situación, el comandante de la Sarandí dejó constancia de que responsabilizaba a Gran Bretaña por lo que consideraba una violación de los derechos argentinos.
La carta relata que Pinedo finalmente abandonó las islas, pero antes ordenó que no se arriara el pabellón argentino y dejó instrucciones para que el establecimiento quedara bajo la responsabilidad de Juan Simón.
Poco después, tropas británicas desembarcaron en Puerto Soledad. Allí izaron la bandera británica y arriaron la argentina que permanecía en el lugar.
El episodio quedó registrado en la comunicación enviada por Balcarce a Tucumán como una muestra del conflicto que había provocado la ocupación y de la reacción inmediata del Gobierno de Buenos Aires.
En otro tramo, el mandatario bonaerense sostiene que los hechos “desmienten las protestas amistosas” que la Argentina había recibido hasta entonces de Gran Bretaña.
El gobernador también expresa en la misiva la decisión de Buenos Aires de reclamar una reparación y defender los derechos que consideraba vulnerados.
“Firme resolución” es la expresión utilizada para describir la posición del Gobierno, que buscaba sostener los derechos argentinos “sin mengua de la razón y del honor nacional”.
La carta plantea además que Buenos Aires pretendía obtener del Gobierno británico una reparación, el reconocimiento del derecho argentino sobre las Malvinas y la posibilidad de ejercer nuevamente el dominio sobre el territorio.
El documento constituye así un testimonio contemporáneo de la reacción argentina ante la ocupación y permite reconstruir no solo los hechos militares, sino también la posición diplomática asumida por las autoridades.
Su valor histórico radica además en que registra cómo la información fue transmitida entre distintos gobiernos provinciales pocas semanas después de la ocupación británica. El escrito concluye con la firma de Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza y quedó incorporado al patrimonio documental conservado en Tucumán.
El hallazgo permite recuperar un testimonio de primera mano sobre uno de los episodios centrales de la historia de la cuestión Malvinas y sobre la respuesta que generó en las autoridades argentinas de 1833.
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