La frustrada visita de Javier Milei al Reino Unido expuso una serie de marchas y contramarchas dentro del Poder Ejecutivo. Inicialmente concebida como una cumbre financiera para atraer inversiones bajo el formato de una “London Week”, la gira debió cancelarse ante el impacto de la agenda de soberanía en la opinión pública.
Proyecto cancelado: El mandatario aspiraba a convertirse en el primer presidente argentino en visitar suelo británico desde 1998.
Cambio de formato: La idea inicial de un foro masivo de inversiones derivó en una charla en Oxford y reuniones reducidas antes de su suspensión.
Presión política: El rechazo parlamentario a la venta libre de tierras a extranjeros y el reclamo por Malvinas dinamitaron la viabilidad política de la gira.
Sanciones en marcha: El Gobierno activó procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan sin autorización en la cuenca Malvinas.
A mediados de año, el entorno presidencial comenzó a diagramar la travesía a Londres sin contemplar la disputa por el Atlántico Sur en la hoja de ruta. El objetivo principal pasaba por replicar el modelo del “Argentina Week” realizado en Nueva York para presentar las medidas económicas del Gobierno ante ejecutivos británicos.
Los hitos que reinstalaron la causa Malvinas en la agenda
Diversos acontecimientos reconfiguraron el escenario político local e impidieron sostener el viaje. En primer lugar, la polémica generada durante el Mundial de fútbol por las restricciones impuestas a las manifestaciones de hinchas sobre las islas encendió las alarmas en la sociedad.
A esto se sumó el fracaso legislativo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. Durante el debate, el canciller Pablo Quirno generó un fuerte rechazo social al afirmar que un extranjero “si quería, podía comprarse un pueblo”, argumento que reavivó la discusión sobre la defensa del territorio nacional y los recursos naturales.
Giro narrativo y despliegue estratégico en Tierra del Fuego
Frente al desgaste político que implicaba pisar suelo británico sin reclamar por la soberanía del archipiélago, Balcarce 50 y Cancillería decidieron dar de baja la comitiva oficial. Para retomar el control de la narrativa, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, orientada a penalizar la explotación ilegal de hidrocarburos y pesca en la zona.
En paralelo, la gestión libertaria ratificó la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Como muestra de respaldo a la iniciativa, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) viajarán a la provincia austral para recorrer las obras en la zona estratégica del Atlántico Sur.