El ex jefe de Gabinete de la Nación se encuentra a pocas horas de que venza la prórroga judicial concedida por el juez federal Ariel Lijo. El funcionario, que presentó su renuncia a finales de junio de este año, deberá entregar este miércoles su descargo formal para responder a un complejo pliego de veinte puntos …
La investigación preliminar acumuló un detallado informe técnico de 207 fojas elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El organismo dependiente de los fiscales cruzó las declaraciones juradas del exministro coordinador con registros de la propiedad, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y controles migratorios. De ese análisis financiero surgieron marcadas desproporciones entre los ingresos declarados y el nivel de vida registrado por su núcleo familiar desde diciembre de 2023.
En el plano local, los investigadores detectaron que el grupo familiar integrado por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, percibió ingresos netos por un total de $229.752.283,20, contemplando tanto los 35 salarios cobrados en la administración pública como los haberes de su cónyuge. Sin embargo, los gastos documentados mediante consumos con tarjetas de crédito, pago de expensas, servicios públicos, impuestos, seguros automotrices, viajes al exterior y adquisición de electrodomésticos ascendieron a $272.820.832,20. Dicha divergencia arrojó un saldo negativo e injustificado de $43.068.549 en pesos.
La lupa de los tribunales se profundizó aún más al analizar las operaciones en moneda extranjera. La fiscalía detectó erogaciones en dólares por un total de USD 402.578,12 destinados a la compra de inmuebles, reformas edilicias, adquisición de mobiliario de alta gama, alquileres temporarios y traslados internacionales, montos que exceden los recursos lícitos informados inicialmente ante los organismos de control anticorrupción.
Ante este panorama, el pliego de preguntas elaborado por la fiscalía exige al exfuncionario que aclare el origen de los fondos utilizados para comprar y refaccionar propiedades. Entre las operaciones bajo la mira figura la adquisición del lote 380 en el Country Indio Cua —cuya titularidad figuraría exclusivamente a nombre de su esposa— y el pago en efectivo de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por obras integrales que incluyeron una cascada en la piscina y una parrilla de categoría. Asimismo, deberá explicar la compra de un departamento en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito, y el desembolso de dólares en efectivo para amoblarlo.
Otro de los ejes centrales del requerimiento judicial apunta a las explicaciones sobre la posesión de dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos” tras rectificar sus declaraciones juradas. Adorni había manifestado públicamente poseer medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década que no figuraban en sus registros previos. Por este motivo, el fiscal le requirió identificar a los compradores, la fecha exacta de las transacciones y la trazabilidad bancaria o bursátil de esos fondos.
El cuestionario también abarca la acreditación real de préstamos otorgados por familiares directos, identificados como Silvia Pais y Norma Zuccolo; el origen de los fondos para adquirir un vehículo utilitario Jeep; y las razones por las cuales se habrían utilizado de manera recurrente a terceros para realizar compras y abonar gastos en efectivo con destino final en el exfuncionario.
A esto se suman inconsistencias detectadas en una billetera virtual validada con su identidad pero omitida ante la Oficina Anticorrupción, depósitos no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación que no provienen de organismos estatales ni de transferencias propias, y los honorarios facturados por la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias del matrimonio emitidos a nombre exclusivo de Angeletti.
La defensa del ex jefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, había solicitado la extensión del plazo original amparándose en la necesidad de analizar exhaustivamente las pruebas recolectadas, poniendo especial atención en el contenido extraído del teléfono celular del contratista Tabar.
El vencimiento de este miércoles marcará una instancia decisiva para el futuro judicial de Adorni. Si el juez Ariel Lijo determina que las explicaciones documentadas resultan insuficientes para disipar las dudas planteadas por la fiscalía, el magistrado estará en condiciones de convocarlo a prestar declaración indagatoria, un paso procesal que profundizaría su situación en la causa penal.
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