El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que las acciones judiciales alcanzarán también a directivos, proveedores y contratistas. Quienes participen en la exploración offshore sin autorización argentina quedarán excluidos del RIGI y de proyectos en Vaca Muerta.
El Gobierno nacional profundizará su ofensiva judicial contra las empresas dedicadas a la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. Las medidas responden a la aceleración de los desarrollos petroleros en la región y buscan frenar las operaciones en la Cuenca Malvinas Norte.
Alcance extendido: Las sanciones de la Ley 26.659 aplicarán no solo a las firmas petroleras, sino a directores, gerentes y proveedores.
Incompatibilidad con el RIGI: Las compañías involucradas en el archipiélago no podrán participar en Vaca Muerta ni acceder al régimen de incentivos.
Freno al proyecto Sea Lion: Las denuncias apuntan a Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Oil & Gas para impedir la extracción pautada para 2028.
Base Naval en Ushuaia: El Ejecutivo ratificó el avance de la infraestructura logística que contará con apoyo de aviones F-16 y P-3 Orion.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló que la estrategia oficial consiste en elevar el costo legal y comercial de operar sin autorización del Estado argentino. A través del Decreto 868/2026, la Cancillería fue designada como autoridad de aplicación para fiscalizar el cumplimiento de la normativa hidrocarburífera.
El nuevo esquema impone la presentación de declaraciones juradas obligatorias para las empresas que pretendan invertir en el país. Aquellas firmas o contratistas que mantengan vínculos directos o indirectos con las actividades en Malvinas quedarán inhabilitadas para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y perderán la posibilidad de desarrollar proyectos en el yacimiento de Vaca Muerta.
El foco principal del conflicto reside en el proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros de las islas, donde la firma Navitas Petroleum prevé iniciar la extracción comercial de crudo para 2028. Ravier fundamentó la celeridad del accionar judicial en la necesidad de bloquear el proceso antes de que comience la fase de producción efectiva.
En paralelo, el Poder Ejecutivo confirmó la aceleración en las obras de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El complejo militar y logístico funcionará como centro de patrullaje para la protección de recursos en el Atlántico Sur y la Antártida, combinando capacidad de amarre comercial con cobertura aérea mediante cazas F-16 y aviones de exploración P-3 Orion.
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