Saab, de 54 años y origen colombiano, compareció ante la jueza Kathleen M. Williams y cambió su declaración de “no culpable”, presentada el 24 de julio, por una de declaración de culpabilidad. El acuerdo de cooperación, revisado por la magistrada, establece que podría enfrentar una pena máxima de 20 años, aunque la Fiscalía pidió una sentencia en el extremo inferior del rango si su cooperación resulta valiosa, incluso contra cuatro coacusados no identificados.
Cooperación y entrega de activos
Como parte del pacto, Saab accedió a “cooperar plenamente” con el Departamento de Justicia (DOJ), aportando información, testimonio veraz y completo, y entregando documentos, registros y otras pruebas en cualquier proceso judicial que solicite el Gobierno. Asimismo, acordó no proteger a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, no implicar falsamente a nadie y no cometer otros delitos.
El empresario aceptó entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción. El delito de blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero la fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.
Esquema CLAP y sobornos a funcionarios
En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Nicolás Maduro era presidente, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con sobornos y pagos ilegales del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, el caso involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos.
El documento nombra a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, pero también menciona a “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública.
La nueva acusación imputa a Saab y a otros la creación de una red de empresas para sobornar a altos funcionarios venezolanos que controlaban los contratos del programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en ruinas.
Antecedentes: indulto de Biden y regreso a Venezuela
El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.
El acuerdo, que formaba parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden por persuadir a Maduro para que celebrara elecciones presidenciales libres, fue duramente criticado por los republicanos y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, quienes inmediatamente comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no contemplados en el indulto, que tenía un alcance muy limitado.
Saab ya había sido acusado durante la primera administración de Trump en 2019 y posteriormente arrestado en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán. Fue indultado por Joe Biden en 2023 a cambio de la liberación de varios ciudadanos estadounidenses.
Deportación y comparecencias en Estados Unidos
Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.
Su deportación se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.
El juicio estaba previsto para el 8 de septiembre, pero fue diferido para el 16 de noviembre por decisión de la jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida (EEUU).
La defensa de Saab argumentó que requiere más tiempo para revisar la evidencia financiera. El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó que el caso lo juzgara un jurado.
Salud y condiciones de detención
Este martes declaró ante la jueza Williams que toma diariamente el antidepresivo Zoloft y otros medicamentos para lo que describió como un “trastorno de estrés postraumático” tras su arresto en 2020. De hecho, el empresario manifestó ahora que sufre “síndrome de estrés postraumático” tras su detención en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a territorio estadounidense, por lo que toma antidepresivos todas las noches para dormir.
Implicaciones para altos funcionarios venezolanos
El pacto alcanzado por Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, no menciona, sin embargo, al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.
En el documento, el acusado acepta que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”, incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía.
Los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el “cajón de Maduro” y podrían pedirle que actúe como testigo de cargo contra el expresidente, que espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en una redada del ejército estadounidense en enero.
Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas.
El empresario construyó una fortuna gracias a los contratos con el gobierno venezolano, pero se volvió aún más valiosa para Maduro cuando las sanciones estadounidenses obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.
La sentencia definitiva de Saab está prevista para enero próximo. Mientras tanto, su cooperación podría abrir nuevas líneas de investigación contra altos funcionarios venezolanos implicados en el esquema CLAP.
