Escuchas telefónicas y operativo simultáneo
A raíz del hallazgo, Hertrig se excusó de la causa a fines de agosto de 2025. La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien ordenó la intervención de las líneas telefónicas de los imputados.
Durante varios meses, el equipo de investigación registró comunicaciones telefónicas que confirmaron el seguimiento sobre la funcionaria y la intención de ejecutar un ataque armado contra su domicilio.
Con las pruebas reunidas, el titular del Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, Ricardo Costa, libró las órdenes de allanamiento. Los procedimientos se ejecutaron en forma simultánea en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana y en la Unidad Carcelaria N° 31 de Florencio Varela.
En la primera celda secuestraron dos teléfonos y aprehendieron a Libertini. En el sector de máxima seguridad del segundo penal hallaron un tercer dispositivo e imputaron a Rettori.
Límites del control penitenciario
Los tres dispositivos móviles incautados quedaron a disposición de la instrucción judicial para determinar si existían más personas involucradas en la logística externa del ataque.
La causa fue recaratulada como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Fuentes del caso indicaron que las actuaciones continúan abiertas ante la posibilidad de nuevas imputaciones.
La vulnerabilidad en los controles de los establecimientos carcelarios vuelve a quedar expuesta a partir del uso continuo de telefonía e internet por parte de internos procesados. El avance de la causa judicial determinará las responsabilidades materiales del plan y el nivel de fallas en la custodia de los penales implicados.