Tres medios de comunicación estadounidenses interpusieron este lunes una demanda de emergencia contra la administración de Donald Trump tras la revocación de sus credenciales. La acción legal, presentada por CNN, MS NOW y Politico ante el Tribunal de Distrito de Columbia, busca restablecer el acceso de sus periodistas amparándose en la Primera Enmienda.
La solicitud exige al juez federal Timothy J. Kelly suspender la orden que el sábado impidió el ingreso de las reporteras al recinto. Como respuesta solidaria, las cadenas CBS, NBC, ABC y Fox News notificaron que no cubrirán los eventos designados como cobertura conjunta (pool) ni sustituirán a los medios excluidos. “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestro reportaje”, explicaron los medios en un comunicado conjunto.
Asimismo, advirtieron que la medida “amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente”.
El presidente Trump justificó la decisión a través de sus redes sociales acusando a las empresas de difundir desinformación. “La Casa Blanca no está atacando a la prensa libre, algo que valoro enormemente. Está atacando a las NOTICIAS FALSAS”, publicó el mandatario, quien además sugirió que “pronto seguirán otros medios”.
Sin embargo, durante un posterior encuentro con la prensa en el Despacho Oval, el mandatario afirmó sobre los medios vetados: “escriben cosas negativas a propósito”. En la misma comparecencia, al referirse al acceso de la prensa, reconoció en lo que pareció un lapsus que la medida equivale a un “veto a la prensa libre”.
El abogado de la parte demandante, Ted Boutrous, sostuvo que la ley respalda la demanda de los medios. “El presidente ha sido explícito al afirmar que esta prohibición tiene como objetivo castigar los reportajes que no le gustan e intimidar a los periodistas”, declaró el especialista en la Primera Enmienda.
La jurisprudencia del circuito federal, fijada en 1977 y ratificada en 2018 durante el primer mandato de Trump, establece que el Ejecutivo no puede revocar acreditaciones basándose en el contenido de los reportajes ni sin garantizar el debido proceso.
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