El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 78 páginas ante el juez Ariel Lijo para justificar su patrimonio. Aseguró haber obtenido casi 600 mil dólares por la venta de criptomonedas antes de asumir el cargo y rechazó irregularidades.
El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 78 páginas ante el juez Ariel Lijo para justificar su patrimonio. Aseguró haber obtenido casi 600 mil dólares por la venta de criptomonedas antes de asumir el cargo y rechazó irregularidades.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito formal de 78 páginas ante el juzgado federal de Ariel Lijo. El documento busca responder al requerimiento de justificación sobre su evolución patrimonial, investigada durante el período transcurrido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.
El exfuncionario aseguró haber generado USD 591.544,61 mediante la venta de Bitcoin entre 2017 y 2018.
Sostuvo que conservó los dólares en efectivo dentro de su domicilio privado por fuera del sistema bancario.
Rechazó las inconsistencias señaladas por la fiscalía de 43 millones de pesos, calificándolas como un desfasaje residual.
La presentación de la defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, responde a un cuestionario de 20 puntos planteado por el fiscal Gerardo Pollicita. El dictamen fiscal había advertido sobre un desbalance de 43.068.549 pesos entre los ingresos comprobados y los gastos ejecutados por el núcleo familiar durante su gestión.
Frente a este desfase, la defensa argumentó que la brecha representa un 15,8% de los egresos totales calculados por la investigación. Asimismo, sostuvieron que la diferencia responde a imprecisiones propias de las estimaciones del tipo de cambio y movimientos contables pendientes de conciliación formal.
El eje central del descargo se fundamentó en las ganancias obtenidas por operaciones con criptoactivos realizadas años antes de asumir el cargo público. Según la defensa, Adorni acumuló 591.544,61 dólares tras liquidar activos de Bitcoin entre los años 2017 y 2018.
El escrito precisó que las transacciones se pactaron de forma personal y en efectivo, bajo la modalidad de reserva de identidad de las partes. Los fondos resultantes de esas operaciones se conservaron guardados en el propio domicilio particular del exfuncionario sin ingresar al circuito financiero formal.
Respecto al almacenamiento del dinero físico, los letrados explicaron que mantener ahorros en dólares en el hogar es una práctica habitual frente a las restricciones cambiarias en la Argentina. Por ello, destacaron que el capital preexistente permitió afrontar la compra y reforma de propiedades durante los últimos años.
Al justificar las adquisiciones inmobiliarias, la defensa justificó el traslado a una nueva vivienda y la compra de una casa de fin de semana en el barrio privado Indio Cuá por motivos de seguridad familiar. En ese sentido, remarcaron que los desembolsos provinieron directamente de la liquidación progresiva de sus activos.
Por otra parte, el documento cuestionó las declaraciones del contratista de la obra, quien había afirmado que las refacciones costaron 245.000 dólares. La representación legal aseguró que los pagos reales ascendieron a 175.000 dólares, cifra respaldada por las pericias contables del expediente.
Finalmente, el escrito subrayó que las direcciones de las billeteras virtuales registran actividad previa a 2023, lo cual descartaría la hipótesis de un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública. Tras la entrega del documento, el juzgado deberá resolver la situación procesal del exfuncionario.
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