La Cámara Federal de Casación Penal evaluará la situación procesal del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un expediente judicial iniciado en 2017 a raíz de las revelaciones internacionales conocidas como Paradise Papers. La decisión se adoptó luego de que la Cámara Federal concediera el recurso interpuesto por la representación fiscal contra el sobreseimiento del funcionario.
El expediente tramita supuestas irregularidades cometidas mientras el actual titular del Palacio de Hacienda se desempeñaba como secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri.
Según la hipótesis del fiscal federal Carlos Rívolo, el funcionario no declaró su participación en la firma Noctua Partners LLC —administrada mediante Alto Global Master Fund, LP— mientras cobraba honorarios de la firma Princess International Group.
Paralelamente a dicho cobro de 18.944 dólares, la compañía accionista adquirió bonos de la deuda pública argentina por 494.702,56 dólares. La fiscalía sostuvo que existió un conflicto de intereses al participar de la emisión de títulos estatales desde la función pública mientras se facturaban servicios a una estructura privada que obtenía ganancias con tales activos.
En diciembre pasado, el juez federal Julián Ercolini dispuso el sobreseimiento del imputado al considerar que la falta de detalle en el formulario inicial respondió a una omisión general sin dolo, la cual fue subsanada posteriormente ante un requerimiento formal de la Oficina Anticorrupción. La defensa ratificó que el funcionario se había desvinculado de las sociedades al asumir el cargo público y descartó tratos preferenciales.
Sin embargo, la fiscal adjunta Eugenia Anzorreguy de Silva apeló la decisión al sostener la necesidad de citar a indagatoria al ministro por negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola habilitaron la vía extraordinaria al considerar fundamentados los agravios, en tanto que el camarista Mariano Llorens votó en disidencia por entender que el planteo reeditaba discusiones ya saldadas.
Corresponderá ahora a los integrantes de la Cámara de Casación analizar si la omisión en las declaraciones patrimoniales debe ser calificada como un incumplimiento administrativo o si existen elementos suficientes para encuadrar la conducta dentro de un delito intencional.