La Justicia rechazó frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

Ante la falta de pruebas sobre una urgencia impostergable, el juez federal Enrique Alonso Regueira rechazó frenar el DNU que permite la venta libre de tierras a extranjeros y otorgó cinco días al Gobierno para responder.

Pichetto y Massot impulsan el reclamo por las tierras rurales. Foto: NA.

La decisión de la Justicia

El juez Enrique Alonso Regueira determinó que los demandantes no probaron circunstancias objetivamente impostergables que justificaran suspender el artículo 154 del DNU 70/2023 sin escuchar previamente al Estado. La normativa, firmada por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, derogó la Ley 26.737 (Ley de Tierras) que limitaba la adquisición de campos rurales por parte de ciudadanos o firmas extranjeras.

Con este fallo, la desregulación territorial se mantendrá operativa en todo el territorio nacional mientras se tramita el proceso principal. El magistrado requirió al Poder Ejecutivo, mediante la Procuración del Tesoro, la presentación de un informe detallado en un plazo de cinco días hábiles antes de expedirse sobre la medida cautelar de fondo.

El reclamo de Pichetto y Massot

La presentación judicial de Pichetto y Massot surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara, el pasado 29 de septiembre, un fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaraba inconstitucional la medida.

El máximo tribunal tomó esa determinación al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata carecía de legitimación activa para litigar, sin pronunciarse sobre la validez constitucional del decreto.

Ante la falta de restricciones, los legisladores argumentaron que la ausencia de topes geográficos o de nacionalidad permite consolidar operaciones inmobiliarias que podrían generar derechos adquiridos.

Miguel Ángel Pichetto solicitó reducir el plazo de respuesta a dos días hábiles al advertir que, mientras la Justicia demora, se pueden concretar ventas con riesgo para los recursos hídricos y el patrimonio nacional.

Como opción alternativa a la suspensión del artículo, los peticionantes solicitaron al Ministerio de Justicia preservar la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y publicar avisos oficiales sobre el litigio en curso. El dictamen previo de la Fiscalía N° 8, a cargo de Fabián Omar Canda, aconsejó habilitar la instancia judicial dentro del fuero contencioso administrativo.

El debate en la Cámara de Diputados

El reclamo sostiene que los recursos naturales constituyen un bien colectivo escaso cuya regulación debe resolverse en el Poder Legislativo.

En paralelo al frente judicial, legisladores de diversas bancadas solicitaron una sesión especial para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, con el propósito de debatir la derogación del DNU 70/2023 y restituir los límites a la propiedad extranjera. ¿Prevalecerá la resolución en los tribunales o alcanzará el Congreso los votos necesarios para definir el futuro de la normativa?

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