El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo de 1.500 millones de pesos, al detectar un patrimonio no justificado entre 2003 y 2017 mediante la compra de inmuebles en efectivo.
El fallo de 73 páginas dictado por el magistrado determinó que el exfuncionario incrementó su patrimonio de forma apreciable e injustificada durante su gestión y en los dos años posteriores a su retiro. La pericia del Cuerpo de Peritos especializado en casos de corrupción estableció un saldo negativo acumulado de 4.294.425,90 pesos a valores históricos.
La investigación judicial centró su atención en la adquisición de un lote y la posterior edificación de una propiedad de 380 metros cuadrados en el Mapuche Country Club de Pilar. La parcela se escrituró en septiembre de 2012 a nombre de Marta Rosa Girola, madre del imputado, por 70.000 dólares pagados en efectivo.
Durante el proceso instruido en los tribunales, el arquitecto a cargo de la obra testificó que las indicaciones eran dadas directamente por Roberto Baratta. El profesional declaró haber percibido alrededor de 3,7 millones de pesos mediante una treintena de entregas en efectivo, realizadas por el propio exsubsecretario o por su secretario privado Nelson Lazarte.
Las actuaciones judiciales revelaron además que los impuestos y expensas del predio eran afrontados por la familia del exfuncionario. El servicio de cable e internet de la residencia figuraba contratado a nombre de Oscar Centeno, chofer del exintegrante del Ministerio de Planificación Federal.
La nómina de activos bajo análisis incluye un departamento adquirido en Belgrano por 220.000 dólares, cocheras, bauleras, cuatro vehículos y tenencias en divisa extranjera. En un procedimiento concretado en su vivienda se secuestraron 27.500 euros y 25.276 dólares en efectivo.
En su declaración indagatoria prestada el 16 de septiembre, Roberto Baratta rechazó la imputación y atribuyó sus bienes a su salario estatal, ingresos de su cónyuge Dalina Bielle y fondos familiares. El exfuncionario sostuvo que la construcción en Pilar se financió con una indemnización percibida por su padre tras su retiro laboral en la empresa Edenor, mientras que las divisas halladas pertenecían a una herencia de su suegra.
El juez Ercolini señaló en la resolución que la existencia de los recursos alegados por la defensa no probó su aplicación directa en las operaciones cuestionadas. El magistrado dispuso la medida sin prisión preventiva al no comprobarse riesgos procesales de fuga o entorpecimiento.
Las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas y la falta de trazabilidad bancaria en las operaciones inmobiliarias consolidaron la imputación. La figura penal de enriquecimiento ilícito contempla penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
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El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo de 1.500 millones de pesos, al detectar un patrimonio no justificado entre 2003 y 2017 mediante la compra de inmuebles en efectivo.
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