El juez federal Martín Cormick, extitular de la IGJ durante el kirchnerismo y exempleado del PAMI con La Cámpora, falló contra el Gobierno por el financiamiento universitario. El magistrado acumula varias sentencias contrarias a las medidas de la Casa Rosada.
El escenario de disputas judiciales entre el Poder Ejecutivo y los tribunales porteños sumó un capítulo de altísima repercusión política. El titular del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, el magistrado Martín Cormick, dictó una resolución de fondo que intimó a las autoridades nacionales a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida dio curso al reclamo impulsado por las casas de altos estudios públicas, ratificando el criterio cautelar que ya ordenaba la recomposición de los haberes docentes y la actualización de las becas para estudiantes. Sin embargo, la figura del magistrado generó fuertes repercusiones en la Casa Rosada debido a su nutrida foja de servicios en la función pública durante las pasadas gestiones del Frente de Todos y el kirchnerismo.
Formado profesionalmente en la Universidad de Buenos Aires y especializado en Derecho Administrativo, Cormick asumió la titularidad del juzgado federal en 2020. Antes de desembarcar en el fuero Contencioso Administrativo, desarrolló una extensa carrera en dependencias públicas alineadas con la conducción política anterior. Durante el mandato presidencial de Cristina Kirchner estuvo al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) entre finales de 2014 y fines de 2015. Años más tarde, con la llegada de Alberto Fernández al poder, fue nombrado como síndico general del PAMI, organismo conducido en ese período por la dirigencia de La Cámpora. Su currículum incluye además pasos por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y reconocimientos institucionales otorgados por organismos de derechos humanos.
La sentencia vinculada al presupuesto universitario no constituye un hecho aislado dentro de la labor de su juzgado. En el último tiempo, la oficina a cargo de Cormick se transformó en un punto focal para la presentación de amparos y recursos colectivos promovidos por organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones gremiales frente a los decretos y resoluciones dictados por la actual administración nacional.
Entre los expedientes de mayor visibilidad pública que pasaron por su escritorio se destacan:
La invalidez inicial del protocolo de orden público impulsado por la cartera de Seguridad, en un planteo promovido por el CELS que cuestionó la restricción a las manifestaciones callejeras.
La cautelar que paralizó la retención del Impuesto a las Ganancias sobre los adicionales salariales que perciben los miembros del cuerpo diplomático destinados en delegaciones del exterior.
La traba judicial que impidió dar de baja automáticamente a los beneficiarios de planes de asistencia social que fueran identificados participando de marchas en la vía pública.
El perfil del magistrado y el sentido de sus fallos abrieron un frente de debate permanente entre la estrategia jurídica de la Casa Rosada y las decisiones de la primera instancia federal. Desde el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro han salido a cuestionar el alcance de sus resoluciones, señalando una supuesta sobreextensión de sus atribuciones judiciales al momento de juzgar herramientas de política pública o disposiciones presupuestarias aprobadas por el Ejecutivo.
En varios de estos expedientes, las apelaciones interpuestas por los abogados estatales lograron torcer el brazo del juzgado de origen en las instancias superiores. Un ejemplo de ello ocurrió con la normativa de seguridad vial y protestas, donde la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo revocó el criterio de Cormick y habilitó la plena vigencia de los controles. Con la resolución de fondo emitida sobre los fondos para la educación superior, se descuenta un nuevo choque de recursos legales que terminará definiéndose en los tribunales de alzada.
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