En una reunión de comisiones de Diputados, el Gobierno de Javier Milei y sus aliados obtuvieron este miércoles un dictamen para restituir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La oposición interpreta que la medida busca proteger el DNU 70/2023 y dificultar la sesión convocada para derogarlo.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General emitió este miércoles un dictamen de mayoría para el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llegó desde el Senado con media sanción. La reunión fue presidida por el diputado de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz.
Sobre 66 legisladores presentes, el dictamen de mayoría reunió 34 firmas. Además, se presentaron dos dictámenes de minoría: uno de Unión por la Patria, con apoyo de Argentina Federal, y otro impulsado por Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
El dictamen incorpora un capítulo sobre tierras rurales con dos artículos. El primero deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (DNU 70/2023), que había derogado la Ley de Tierras. El segundo restituye la plena vigencia de la ley 26.737, sancionada en 2011.
Esa norma establece que personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. También limita al 30% la porción de ese cupo que puede concentrar el conjunto de personas de una misma nacionalidad.
Además, la legislación restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y de predios ubicados en zonas de seguridad fronteriza.
El radical, Diógenes González, defendió la incorporación. “El nuevo capítulo propone dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23; y el 39, que restituye la plena vigencia a la ley 26.737”, explicó.
“La ley de tierras recobra vigencia por ley sin afectar la seguridad jurídica y con sentido de responsabilidad”, agregó el legislador de la Unión Cívica Radical.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica reglas vinculadas con expropiaciones, restitución de inmuebles y desalojos por falta de pago. Tuvo media sanción del Senado a principios de agosto.
Marcos Patiño Brizuela, de La Libertad Avanza, sostuvo que el desalojo responde a “un test de idoneidad frente al concepto vago de utilidad pública”. Según el diputado, la norma establece un trámite más sumario que ya existe en algunas provincias.
“La otra mitad es la gente que es dueña del alquiler y tiene que peregrinar por tribunales para que le devuelvan su propiedad”, afirmó el legislador libertario.
En cambio, Paula Penacca, de Unión por la Patria, cuestionó los desalojos y defendió la vivienda como “un derecho a proteger”. Su compañera de bloque Lucía Cámpora afirmó que el proyecto representa “un despojo de la propiedad privada de las grandes mayorías”.
Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, también rechazó la iniciativa. “Es una ley muy grave, protege a los grandes inversores y ataca a las comunidades originarias que quedan a merced de los desalojos”, dijo.
El acuerdo sobre tierras se conoció después de que la Corte Suprema restituyera de manera provisoria la vigencia de la ley mediante una medida cautelar interina, el 9 de octubre. La normativa había sido derogada por el DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
La oposición convocó para este jueves, a las 14, una sesión para intentar derogar el DNU 70/2023. Según fuentes parlamentarias citadas por los medios consultados, los impulsores reunirían entre 120 y 123 adhesiones, mientras se necesitan 129 para habilitar el quórum en el recinto.
Varios legisladores opositores interpretaron que la incorporación de la Ley de Tierras buscaba contener a los aliados del Gobierno y dificultar el quórum. “El único objetivo es que no tengamos quórum para derogar el DNU 70/23”, sostuvo Nicolás Del Caño, del FIT.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó un dictamen propio y advirtió que “la cuestión de fondo con respecto a la ley de tierras no está resuelta”. Su bloque, junto con Provincias Unidas, planteó derogar el artículo 154 del DNU y analizar la situación desde la firma del decreto.
Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto con estas modificaciones, deberá volver al Senado. El oficialismo ya convocó una sesión para el 21 de octubre, donde prevé tratar la iniciativa junto con otros temas de su agenda legislativa.
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