La Cámara de Casación archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el crédito con el FMI de US$ 57.100 millones. El tribunal consideró que el acuerdo respondió a decisiones de política económica sin delito.
La Cámara de Casación archivó definitivamente la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por el crédito con el FMI de US$ 57.100 millones. El tribunal consideró que el acuerdo respondió a decisiones de política económica sin delito.
Un giro decisivo en los pasillos de Comodoro Py le puso un punto final a la investigación penal vinculada al histórico programa financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional durante el mandato de Cambiemos. Los magistrados que integran la Sala IV del tribunal de alzada federal confirmaron de forma unánime el cierre definitivo al expediente, luego de que la propia fiscalía diera un paso al costado y retirara la apelación con la que intentaba mantener con vida las actuaciones contra los exintegrantes del Gabinete nacional.
La medida deja sin efecto el proceso que buscaba determinar si se cometieron ilícitos en la tramitación del crédito internacional por cincuenta y siete mil cien millones de dólares. Con la firma de los jueces integrantes de la alzada, la Justicia dejó asentado que la gestión de financiamiento externo formó parte de una decisión de política económica estatal, eximiendo de responsabilidades penales a la nómina de funcionarios involucrados en las tratativas de aquel entonces.
La maniobra institucional que precipitó el cierre venía arrastrándose desde principios de año, momento en el cual la jueza de primera instancia había resuelto archivar la causa por considerar que no existían pruebas de un delito penal. Si bien desde el Ministerio Público se intentó revisar ese pronunciamiento inicial, el dictamen del fiscal general Raúl Omar Pleé concluyó que no había sustento jurídico para sostener la acusación. Los argumentos del tribunal remarcaron que el desacuerdo con la marcha de una estrategia macroeconómica no constituye de ninguna manera una conducta criminal.
De igual forma, la resolución rechazó los intentos de particulares que pretendían constituirse en querellantes dentro del trámite para evitar que las actuaciones pasen al olvido. Los miembros del tribunal argumentaron que los denunciantes individuales no demostraron ser damnificados directos, ratificando que la evaluación sobre el éxito o fracaso de las medidas soberanas corresponde al terreno de la opinión pública y las urnas, dejando fuera de juego la intervención del fuero penal.
El expediente no solo rozaba la figura del expresidente de la Nación, sino que alcanzaba a los principales diseñadores del programa económico de aquella época. Entre las personalidades que quedaron desvinculadas se destacan el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, el responsable de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el exministro Nicolás Dujovne, junto a los equipos técnicos que condujeron el Banco Central durante el período del acuerdo Stand-By.
El conflicto en los tribunales se había encendido en 2018 tras una presentación de referentes sociales que cuestionaron la falta de tratamiento legislativo en el Congreso para autorizar el pasivo internacional. A esa acusación inicial se sumó tiempo después una querella impulsada durante la gestión del Frente de Todos a través de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, tras casi ocho años de recolección de pruebas e idas y vueltas procesales, la magistratura consideró agotadas las vías de investigación, sepultando de manera contundente la controversia penal alrededor del mayor préstamo otorgado por el organismo multilateral en la región.
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