La jueza estadounidense Loretta Preska anuló el fallo que exigía a Argentina pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Al acatar a la Cámara de Apelaciones, cerró el expediente en primera instancia en Nueva York.
La jueza estadounidense Loretta Preska anuló el fallo que exigía a Argentina pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Al acatar a la Cámara de Apelaciones, cerró el expediente en primera instancia en Nueva York.
El dilatado litigio internacional por la toma de control de la petrolera de bandera nacional acaba de registrar un vuelco decisivo en los estrados norteamericanos. A través de una nueva firma administrativa dictada en la primera instancia del Fuero Federal del Distrito Sur de Nueva York, la jueza Loretta Preska dejó formalmente sin efecto su propio fallo del año 2023, una sentencia previa que pretendía exigirle a las arcas argentinas un desembolso superior a los 16.000 millones de dólares.
La decisión tomada por la magistrada obedece al estricto acatamiento de lo dispuesto meses atrás por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, tribunal de alzada que había echado por tierra la condena económica contra el Estado argentino. De este modo, la veterana jueza dio por concluido su rol en el proceso y decretó la clausura formal del expediente en su despacho, desactivando una amenaza financiera que gravitó durante casi una década sobre los recursos públicos.
Frente a la inminente firma del cierre del trámite, la representación legal de los demandantes intentó frenar el procedimiento solicitando postergar la medida a la espera de que el máximo tribunal de los Estados Unidos revise el caso. Sin embargo, la jueza norteamericana desestimó de plano esa maniobra de dilación, clausurando la ventanilla ordinaria en los tribunales neoyorquinos.
A partir de este escenario, la única rendija institucional disponible para la querella es lograr que la Corte Suprema estadounidense decida tomar el expediente para su análisis, un camino considerado altamente improbable en el ámbito del derecho internacional. El recorrido del recurso planteado por la firma litigante contempla la intervención de la máxima instancia norteamericana para torcer la dirección del pleito. No obstante, especialistas legales como el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler remarcaron en redes sociales que el lenguaje utilizado por la magistrada implica el fin de su jurisdicción en la causa, sellando una derrota contundente para los fondos privados.
La génesis de esta dilatada contienda judicial se remonta a la decisión adoptada en 2012 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Congreso aprobó la expropiación del 51% de las tenencias accionarias que estaban en manos del grupo español Repsol. La controversia jurídica que alimentó el reclamo en el exterior surgió a partir de la omisión de los estatutos de la propia compañía petrolera, los cuales exigían formular una oferta de compra obligatoria a la totalidad de los socios minoritarios al momento de tomar el control corporativo.
La estatización parcial dejó fuera de la oferta pública al resto de los tenedores de títulos en Wall Street, congelando el reparto de ganancias operativas y derivando en la interrupción de dividendos que asfixió financieramente al Grupo Petersen, propietario de una cuarta parte de las acciones, llevándolo a la quiebra en suelo europeo. Posteriormente, en 2014, la administración nacional acordó con Repsol una compensación mediante la entrega de bonos públicos por unos 5.000 millones de dólares. Finalmente, en 2015, la firma de litigios Burford Capital adquirió los derechos de quiebra e inició la demanda en los juzgados del distrito neoyorquino alegando incumplimientos en las reglas del mercado bursátil.
La clausura formal resuelta por la magistrada Neoyorquina remueve un foco de incertidumbre financiera gigantesco que amenazaba con trabar el acceso del país a los mercados de crédito internacional y bloquear activos soberanos. Si bien el litigio todavía conserva una remota chance teórica en el tribunal supremo norteamericano, el rechazo a las pretensiones de los demandantes en la justicia ordinaria revalida la postura técnica de la defensa argentina, cerrando un capítulo neurálgico en la historia judicial del país en el exterior.
El presidente Javier Milei encabeza una gira por España con una agenda enfocada en foros económicos, encuentros teóricos y contactos políticos. Disertará en el Nueva Economía Fórum, se reunirá con Huerta de Soto y visitará la Fundación Disenso.
El miércoles será el turno de Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, por la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
La discusión del presupuesto educativo este martes a las 10 en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Pagni analiza la incertidumbre global que presiona la inflación y el riesgo país en Argentina. Mientras Milei rechaza la pérdida salarial e impulsa la controvertida “Ley Malvinas”, el peronismo se moviliza sin renovar liderazgos entre Kicillof y Massa.
La jueza estadounidense Loretta Preska anuló el fallo que exigía a Argentina pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Al acatar a la Cámara de Apelaciones, cerró el expediente en primera instancia en Nueva York.
El Gobierno postergó hasta el 1° de diciembre el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral mediante el Decreto 1228/2026. Además, amplió de seis a doce meses el período mínimo de aportes obligatorios para poder utilizar los recursos.
María Belén Agudiez, exsubsecretaria y allegada a Karina Milei desplazada tras los cambios en la Quinta de Olivos, fue reubicada en el Correo Argentino. Ocupará un puesto administrativo en Comunicación, sumándose a otros exfuncionarios reasignados en la empresa estatal.
Un informe reveló actos de vandalismo en el Cementerio de Darwin, donde arrancaron y tiraron placas argentinas a un basural. Ocurre mientras se activa un acuerdo comercial marítimo entre Chile y las islas, generando tensión diplomática.
