El Gobierno italiano aprobó un decreto de seguridad que sanciona la participación violenta en marchas, habilita la detención preventiva a menores desde 16 años y responsabiliza económicamente a padres por daños públicos o privados.
El Gobierno italiano aprobó un decreto de seguridad que sanciona la participación violenta en marchas, habilita la detención preventiva a menores desde 16 años y responsabiliza económicamente a padres por daños públicos o privados.
El Consejo de Ministros de Italia promulgó un paquete de medidas urgentes de orden público tras los disturbios registrados en Milán y otras ciudades del país. La iniciativa busca frenar actos vandálicos y establecer sanciones severas contra los responsables de causar destrozos en la vía pública.
La primera ministra, Giorgia Meloni, justificó la intervención estatal a través de un mensaje difundido en redes sociales tras la reunión del gabinete. «Devastar y robar no es protestar, es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme. Manifestarse es un derecho; incendiar nuestras ciudades no lo es», aseveró la jefa del Ejecutivo.
Entre las principales disposiciones destaca la creación del delito de participación violenta en manifestaciones. La norma sanciona a quienes integren grupos de cinco o más personas que utilicen objetos peligrosos, con penas de dos a cinco años de prisión. Asimismo, la organización de estas concentraciones mediante redes sociales conllevará castigos de cuatro a doce años de cárcel.
La legislación modifica el tratamiento procesal a menores de edad. El texto activa de inmediato la presunción de capacidad de comprensión para jóvenes de entre 14 y 18 años. Adicionalmente, la detención preventiva en lugares concurridos podrá aplicarse a partir de los 16 años.
En el ámbito económico, el decreto estipula sanciones para los padres de menores involucrados en disturbios. El ministro del Interior Matteo Piantedosi explicó el alcance patrimonial de la medida en rueda de prensa desde el Palacio Chigi. «Introduce la posibilidad de que, si un menor participa en actos como los que hemos presenciado, el prefecto pueda imponer a los padres una multa de entre 500 y 1000 euros, que podrá duplicarse en caso de reincidencia», declaró el funcionario.
Meloni complementó la explicación sobre el cobro de indemnizaciones. «Se aplica un principio sencillo: quien lo rompe, paga, y si el causante es menor de edad, pagan sus padres», remarcó la mandataria. Los afectados por daños a la propiedad privada podrán solicitar órdenes de ejecución judicial inmediata contra el patrimonio familiar.
La tramitación de la norma expuso diferencias entre el Gabinete y el Palacio del Quirinal. Las objeciones del presidente Sergio Mattarella y del Ministerio del Interior impidieron otorgar facultades de policía judicial a los miembros de las fuerzas armadas. El ministro Piantedosi calificó el intercambio con la Presidencia como «un debate muy fluido, tranquilo y productivo».
Sin atribuciones para realizar arrestos directos, 500 militares reforzarán la seguridad en Milán hasta fin de año bajo una partida de 4,7 millones de euros. Por su parte, el ministro de Justicia Carlo Nordio anunció ajustes procesales para agilizar las causas. «Se ha introducido una modificación del Código de Procedimiento Penal que permite la suspensión condicional de la detención», detalló en conferencia.
El paquete normativo abre una interrogante sobre la efectividad de las medidas punitivas frente al descontento social. Corresponderá al sistema judicial evaluar si el endurecimiento de las sanciones logra disuadir los focos de conflicto o si provocará una mayor saturación en los tribunales.
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