Katopodis llevó a la Justicia a Milei y Caputo por el Fondo Hídrico

El ministro bonaerense Gabriel Katopodis denunció penalmente a Javier Milei y Luis Caputo por malversación de fondos. La Provincia los acusa de paralizar obras contra inundaciones para volcar más del 85% del Fondo Hídrico en Letras del Tesoro.

Gabriel Katopodis. Foto: Web

En los tribunales federales de la zona norte bonaerense se formalizó una jugada judicial de alto impacto político. El titular de la cartera de Obras Públicas provincial, Gabriel Katopodis, radicó la denuncia penal que apunta directamente contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y un abanico de funcionarios de la cartera financiera nacional por la presunta desviación de recursos específicos que debían destinarse a prevenir inundaciones en el conurbano y el interior.

La acusación técnica presentada ante la Magistratura abarca delitos gravísimos para la función pública como administración fraudulenta, malversación de fondos estatales e incumplimiento de deberes de funcionario. Según el escrito formalizado bajo las directivas de la gobernación bonaerense, las autoridades nacionales habrían paralizado la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica financiados a través de la recaudación del impuesto sobre los combustibles para colocar ese dinero en títulos de deuda pública con el fin de alimentar el superávit de las cuentas nacionales.

Fideicomiso bajo la lupa, Letras del Tesoro y el freno a proyectos estratégicos

El núcleo del reclamo judicial detalla cifras llamativas sobre el manejo de los fondos recaudados desde principios del ciclo actual. Los registros presentados por la provincia demuestran que, de un monto millonario acumulado que debía destinarse irrevocablemente a canalizaciones y desagües, menos de la tercera parte fue volcada a trabajos de campo, mientras que el sesenta y nueve por ciento de los recursos restantes terminó colocado en Letras del Tesoro emitidas por el propio Estado nacional.

Para la gestión provincial, esta maniobra convirtió al fondo en un prestamista del tesoro en lugar de una herramienta de obra pública, dejando en situación de vulnerabilidad a cientos de miles de vecinos ante la llegada de temporadas de fuertes lluvias e inundaciones. La presentación resalta el impacto concreto sobre más de veintisiete obras clave paralizadas o con contratos rescindidos, incluyendo canalizaciones avanzadas en partidos como San Isidro, Escobar, Merlo y la gran cuenca de la ampliación del Río Salado.

Pedidos de peritajes urgentes y el argumento de la estabilidad fiscal

Frente al avance de los fenómenos climáticos adversos asociados a la temporada de lluvias intensas, la representación letrada del ministerio solicitó a la justicia la adopción de medidas cautelares urgentes, entre las que figuran el resguardo inmediato de la documentación contable de los organismos involucrados, auditorías sobre el Banco Nación en su rol de fiduciario y la intervención de la Auditoría General de la Nación.

Por el lado del Poder Ejecutivo Nacional, las explicaciones oficiales volcadas en el expediente se apoyaron en la necesidad de preservar el valor de los excedentes financieros frente a la inflación y mantener el equilibrio fiscal como meta prioritaria de la macroeconomía. Sin embargo, la presentación judicial contrapone que ninguna norma de estabilidad fiscal faculta a la administración central a cambiar de destino fondos que la ley califica de asignación específica e irrevocable, marcando el inicio de un expediente que promete escalar institucionalmente en los próximos meses.

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