A horas de que comience el debate oral por Hotesur y Los Sauces, la justicia penal ratificó la medida cautelar sobre 13 inmuebles familiares. La resolución desestimó el recurso de la defensa para proteger el decomiso en Vialidad.
A horas de que comience el debate oral por Hotesur y Los Sauces, la justicia penal ratificó la medida cautelar sobre 13 inmuebles familiares. La resolución desestimó el recurso de la defensa para proteger el decomiso en Vialidad.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el embargo preventivo sobre 13 inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. La decisión judicial se conoció este jueves, un día antes del comienzo del juicio oral unificado contra la familia Kirchner por presunto lavado de dinero en esas mismas sociedades.
Por mayoría, la Sala IV del máximo tribunal penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Máximo y Florencia Kirchner. Los hermanos buscaban que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la traba de embargos ordenada en el marco de la ejecución patrimonial por la causa Vialidad.
El fallo contó con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. Con esta resolución, la justicia mantuvo la restricción sobre los activos mientras tramita el decomiso definitivo de bienes para cubrir el fraude al Estado, calculado en $684.990.350.139,86.
Entre los inmuebles afectados figura el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. La medida cautelar abarca además unidades en el complejo Madero Center de Puerto Madero y propiedades en El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos.
El abogado representante de los hermanos Kirchner, Luis Joel Goldin, cuestionó la legalidad de la resolución. La defensa argumentó que las sociedades poseen personalidad jurídica propia y remarcó que ni las firmas ni sus accionistas fueron condenados en el expediente de Vialidad.
Asimismo, sostuvo que las medidas cautelares carecen de un monto determinado y perjudican el normal desenvolvimiento comercial de las firmas.
Al fundamentar la postura mayoritaria, el juez Gustavo Hornos señaló que los embargos preventivos no constituyen una sentencia definitiva ni generan un perjuicio de imposible reparación posterior.
El magistrado indicó que tampoco se acreditó la existencia de una cuestión federal o arbitrariedad que justifique la intervención del máximo tribunal del país. El juez Diego Barroetaveña adhirió a esa línea al considerar que los reclamos respondían a divergencias sobre derecho común y procesal.
Por el contrario, el juez Mariano Borinsky se pronunció a favor de conceder la intervención de la Corte Suprema. En su voto en disidencia, sostuvo que la medida afecta a bienes de sociedades cuyos accionistas no resultaron condenados en la causa principal. Borinsky advirtió que la resolución podía equipararse a un fallo definitivo debido al riesgo de causar un daño de difícil reparación sobre el derecho de propiedad.
La resolución judicial se dictó a horas de que el Tribunal Oral Federal N° 5 inicie el debate oral por las causas Hotesur y Los Sauces. En ese proceso independiente, se investigarán supuestas maniobras de blanqueo de capitales mediante la actividad hotelera e inmobiliaria, con Cristina y Máximo Kirchner entre los imputados.
Aunque el tribunal denegó la vía extraordinaria, la representación técnica de Máximo y Florencia Kirchner conserva la alternativa de acudir directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
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