Motín en alcaidía porteña: cerrarán la dependencia y agravarán las penas

Tras el motín y la liberación del oficial retenido en la Comisaría 1-D del microcentro, el Ministerio de Seguridad confirmó el cierre temporal de la alcaidía. Los detenidos enfrentarán nuevas causas por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas antes de ser trasladados.

Efectivos redujeron a los detenidos antes de la evacuación. Foto: GCBA.

La Justicia imputará por nuevos delitos a los reclusos que encabezaron el motín en la Alcaidía 1 del microcentro porteño. El anuncio oficial confirmó el cierre preventivo del edificio de la calle Lavalle al 450 y la derivación inmediata de los detenidos a otros recintos.

Las actuaciones judiciales sumaron acusaciones por privación ilegítima de la libertad, amenazas y robo contra los involucrados. Las pericias detectaron que los amotinados sustrajeron el teléfono celular del oficial retenido para efectuar transferencias no autorizadas y vaciar sus cuentas bancarias durante las horas de cautiverio.

Resolución del operativo y traslado total

El conflicto finalizó durante la tarde del jueves tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Federico Tropea. Personal del Cuerpo de Negociadores, bomberos y médicos del SAME constataron que el policía liberado y los internos se encontraban sin lesiones físicas.

Frente al desenlace de la toma, la Jefatura policial ordenó el desalojo completo del recinto. El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, ratificó que las penas de los procesados sufrirán agravamientos severos en el marco del sumario instruido por las divisiones de Cibercrimen y Asuntos Internos.

El detonante en los calabozos

La crisis se desató al mediodía a partir de un enfrentamiento violento entre los propios reclusos. Al ingresar el personal de guardia para restablecer el orden, un grupo de diez internos redujo a los efectivos y mantuvo capturado a un oficial mayor como mecanismo de presión.

Durante el desarrollo del hecho, los manifestantes expresaron su rechazo a posibles traslados al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz y reclamaron por deficiencias de infraestructura en el calabozo. El establecimiento albergaba a 35 personas en un espacio previsto para estancias transitorias de corta duración.

La respuesta institucional priorizó la evacuación completa de la alcaidía y el agravamiento judicial de las causas. ¿Sentará este endurecimiento penal un precedente efectivo frente a futuras protestas e incidentes dentro de las dependencias policiales de la capital?

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