El alto tribunal suspendió el incremento del 23,7% para 2026 y otorgó ocho días al Gobierno Nacional para decretar una cifra provisional. El fallo exige aplicar criterios técnicos legales como la inflación y la productividad, omitiendo el concepto de salario vital.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 de 2025, el cual había fijado el salario mínimo en $1.750.905. Según la providencia, la administración del presidente Gustavo Petro desbordó sus facultades al omitir los parámetros de la Ley 278 de 1996.
Los magistrados señalaron que el incremento careció de una justificación económica verificable, al basarse en conceptos externos como el “salario vital” en lugar de la meta de inflación del Banco de la República.
La decisión judicial ordena a los ministerios de Trabajo, Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia la expedición de un decreto sustitutivo. Este nuevo ajuste tendrá carácter transitorio mientras el tribunal profiere una sentencia de fondo sobre la legalidad del aumento original.
Para la nueva cifra, el Ejecutivo deberá considerar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
La suspensión ocurre tras un cierre de 2025 donde la inflación anual se situó en 5,2%. El incremento del 23,7% pretendía elevar el ingreso total a dos millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte de $249.095.
Sin embargo, diversos gremios económicos advirtieron que esta medida elevaba el costo mensual por trabajador a $2.864.324, sumando cargas prestacionales y seguridad social, lo que ponía en riesgo la estabilidad de las pequeñas empresas.
El ministro del Trabajo Antonio Sanguino anunció que convocará a una reunión de concertación de forma inmediata para estudiar el nuevo porcentaje. Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti calificó la determinación como una medida de las élites. El Presidente de la República aseguró que respetará el fallo, pero insistió en que el salario vital es un derecho constitucional que el Gobierno defenderá.
La justicia aclaró que, mientras se publica el nuevo decreto, los empleadores deben continuar con los pagos estipulados en el decreto suspendido para evitar vacíos legales.
No obstante, la incertidumbre persiste sobre si el nuevo valor será retroactivo. Candidatos presidenciales como Iván Cepeda llamaron a la movilización social, mientras que analistas financieros destacaron la importancia del control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo.
La nueva reglamentación deberá publicarse en un plazo máximo de ocho días calendario. El Gobierno Nacional enfrenta ahora el desafío de equilibrar sus metas sociales con los límites técnicos que impone el marco normativo colombiano para evitar una nulidad definitiva. La resolución de este conflicto administrativo definirá el rumbo de la política salarial en un año marcado por la tensión electoral.
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