Unión por la Patria advirtió que cualquier modificación en Diputados a la reforma laboral obligará a que el proyecto regrese al Senado. Mientras el oficialismo busca corregir artículos sobre licencias médicas, la oposición amenaza con judicializar la norma junto a los gremios.
El arco opositor en la Cámara de Diputados ha fijado una postura intransigente frente a la intención del Ejecutivo de retocar el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo el visto bueno en la Cámara Alta. Germán Martínez, referente de la bancada de Unión por la Patria, enfatizó que la dinámica parlamentaria impide realizar ajustes unilaterales sin consecuencias. Según su perspectiva, cualquier alteración al articulado original forzaría inexorablemente el retorno del expediente al Senado para una nueva evaluación, lo que pondría en riesgo la celeridad que el Gobierno pretende para la sanción de la norma.
El centro de la polémica radica en un apartado específico sobre las licencias por motivos de salud, cuya redacción inicial contemplaba disminuciones en los haberes de los trabajadores. Ante el descontento generado, representantes de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, admitieron la necesidad de establecer excepciones para cuadros clínicos de gravedad o enfermedades degenerativas, garantizando el cobro íntegro del sueldo en esos casos. Sin embargo, la oposición no solo cuestiona este punto, sino que mantiene un rechazo estructural a la propuesta, argumentando que vulnera derechos fundamentales y anticipando que la batalla podría escalar hasta el ámbito judicial en coordinación con las centrales sindicales.
Desde la Casa Rosada se buscan alternativas legales para implementar estas correcciones sin quedar atrapados en un bucle legislativo. Las conversaciones entre la presidencia de la Cámara de Diputados y la Secretaría Legal y Técnica exploran mecanismos que permitan subsanar los errores de redacción mediante resoluciones administrativas o la creación de un proyecto de ley complementario. El objetivo del oficialismo es blindar la normativa contra lo que denominan el “negocio de los litigios”, exigiendo validaciones médicas rigurosas para frenar el uso abusivo de certificados, mientras intentan evitar que la Cámara de Origen tenga que volver a sesionar sobre el mismo asunto.
El peso argentino se apreció 1% pese a la inestabilidad global por la guerra en Irán, desmarcándose de otras monedas emergentes. El Banco Central mantiene sus compras de divisas, utilizando la calma del dólar como ancla para frenar la inflación.
El Gobierno nacional busca superar una semana crítica marcada por la causa $Libra y cuestionamientos a Manuel Adorni. Pese a las tensiones internas y el aumento del desempleo, el oficialismo defiende su rumbo económico y atribuye las polémicas a maniobras opositoras.
Estados Unidos redujo la alerta de viaje a Venezuela del nivel 4 al 3, sugiriendo “reconsiderar” las visitas ante una mejora en la seguridad. No obstante, Washington mantiene el riesgo máximo en la frontera por la persistencia de grupos criminales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.
