FATE S.A.I.C.I. acatará la medida oficial en su planta de San Fernando. Sin embargo, condicionó la operatividad a garantías de seguridad y confirmó que no dará marcha atrás con el despido de 920 trabajadores.
FATE S.A.I.C.I. acatará la medida oficial en su planta de San Fernando. Sin embargo, condicionó la operatividad a garantías de seguridad y confirmó que no dará marcha atrás con el despido de 920 trabajadores.
La firma Fate S.A.I.C.I. comunicó que hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires.
Esta resolución oficial interrumpió el proceso de cierre definitivo y el cese de actividades en la fábrica de Virreyes, lo que obliga a la empresa a restablecer el vínculo con su personal durante el plazo legal de 15 días.
A pesar de esta disposición, la compañía advirtió que el regreso a la actividad no será inmediato. La reapertura efectiva depende de la verificación de condiciones técnicas y de seguridad en el predio, que actualmente se encuentra ocupado por delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Según fuentes de la organización, la puesta en marcha de las maquinarias industriales podría demandar entre dos y tres días de tareas preparatorias.
El cumplimiento de la normativa estatal obliga a la empresa a retomar los tres turnos de trabajo y asignar funciones a los operarios. No obstante, la dirección de la planta aclaró que la producción se realizará exclusivamente con los insumos que ya se encuentran en stock.
La decisión de no adquirir nueva materia prima subraya la postura del directorio: el esquema productivo actual no tiene proyección de continuidad tras el vencimiento del plazo administrativo.
Paralelamente, la medida oficial frenó el pago de las indemnizaciones completas que Fate planeaba depositar esta semana. Desde la compañía informaron que los fondos están disponibles para los trabajadores que deseen percibirlos, pero que el marco legal de la conciliación obliga a retrotraer la situación laboral al estado previo al estallido del conflicto.
La intervención gubernamental, encabezada por la ministra Sandra Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ocurre en un momento de alta sensibilidad social.
Analistas del sector industrial sugieren que la medida busca ganar tiempo ante la coincidencia con el paro general y el tratamiento de reformas legislativas en el Congreso Nacional. Por su parte, el Ministerio de Trabajo bonaerense calificó el diferendo como un hecho de extrema gravedad para la provincia.
La empresa justificó su decisión original de retiro debido a la pérdida de competitividad, el incremento de las importaciones y la persistente conflictividad gremial. Si bien la instancia de mediación abre una mesa de diálogo forzada por el Estado, la firma ha sido enfática en que no existe un plan para reabrir las puertas de manera permanente una vez concluido el procedimiento.
El futuro de las familias afectadas permanece sujeto a lo que ocurra en las próximas audiencias virtuales. La conciliación obligatoria funciona como un paréntesis técnico en una crisis que parece haber agotado sus instancias de consenso privado.
Mientras el gremio mantiene la toma de la planta, la incógnita principal reside en la capacidad de las autoridades para transformar esta pausa legal en una solución que trascienda los 15 días de tregua.
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