El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que pone en marcha la normativa para los tres poderes del Estado. Los controles serán aleatorios, mediante sorteos trimestrales, y alcanzarán a cargos electivos, magistrados, fuerzas de seguridad y directivos de empresas públicas.
El Gobierno de la Provincia de Neuquén oficializó hoy la reglamentación de la ley que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para quienes desempeñan funciones públicas de alta jerarquía. La medida, que busca garantizar la idoneidad en el ejercicio del cargo, abarca desde el titular del Poder Ejecutivo hasta los cuadros directivos de entes autárquicos y empresas estatales.
La normativa establece que el Ministerio de Salud de la provincia funcionará como la autoridad de aplicación del sistema. Esta cartera tendrá a su cargo la organización de los procedimientos en laboratorios autorizados, donde se recolectarán y procesarán las muestras de orina de los agentes involucrados.
El sistema de control operará bajo una modalidad de sorteo público. Según el decreto reglamentario, se realizarán tres convocatorias anuales de carácter aleatorio para seleccionar a los funcionarios que deberán someterse a las pruebas. Una vez notificado, el personal designado contará con un plazo máximo de 48 horas para presentarse en el centro de salud correspondiente.
Los análisis clínicos tendrán como objetivo detectar la presencia de metabolitos de diversas sustancias. Entre ellas, la lista oficial incluye marihuana, cocaína, anfetaminas, opioides, éxtasis, LSD y metanfetaminas.
En caso de que un funcionario se niegue a realizar el test sin una justificación válida, la ley establece que dicha acción se considerará equivalente a un resultado positivo.
La estructura del control es amplia y transversal a la administración pública. El decreto alcanza al Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios.
En el ámbito legislativo, la obligación recae sobre los diputados provinciales, mientras que en el Poder Judicial involucra a jueces, fiscales y defensores. Asimismo, la Policía de la Provincia y el servicio penitenciario quedan sujetos a este régimen.
Los resultados de los exámenes estarán protegidos por normas de confidencialidad médica. No obstante, un resultado positivo firme —tras agotarse la instancia de contraprueba con perito de parte— dará lugar a la apertura de un sumario administrativo. Este proceso podría derivar en la suspensión de funciones o incluso en la remoción del cargo, dependiendo de la jerarquía y el régimen disciplinario de cada sector.
El Poder Judicial y la Legislatura provincial mantendrán su autonomía para dictar las normas internas que operativicen estos controles en sus respectivos ámbitos. Por otra parte, la reglamentación invita a los municipios neuquinos a adherir a la ley para que intendentes y concejales queden comprendidos bajo los mismos estándares de supervisión.
Esta puesta en marcha concluye un debate iniciado en el periodo legislativo anterior. La implementación de los certificados de aptitud toxicológica plantea un nuevo escenario en la gestión de los recursos humanos del Estado.
La sociedad civil y los organismos de control observarán ahora la transparencia en los sorteos y la efectividad de los laboratorios para cumplir con los plazos previstos.
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