El oficialismo negocia una reforma legislativa para frenar el conflicto judicial y garantizar fondos para 2026. Aunque el proyecto contempla mejoras salariales y presupuestarias, los gremios rechazan la propuesta por quedar debajo de la inflación acumulada y omitir deudas de 2024.
En un giro estratégico para desactivar la tensión con las casas de altos estudios, el Gobierno Nacional aceleró las negociaciones para sancionar una nueva ley de financiamiento universitario el próximo mes. Tras meses de disputas legales y un veto presidencial que no logró frenar la normativa vigente, la administración central optó por el consenso con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para establecer una nueva hoja de ruta presupuestaria.
La iniciativa, presentada recientemente en la Cámara de Diputados, busca principalmente cerrar el frente judicial abierto tras el incumplimiento de la ley aprobada por la oposición el año pasado. Según fuentes del sector, autoridades de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata ya habrían dado un guiño positivo al proyecto, entendiendo que la norma actual, aunque favorable en los papeles, se encuentra estancada en apelaciones judiciales que impiden el flujo real de fondos.
El núcleo del proyecto se centra en la recomposición salarial para docentes y no docentes, aunque con matices que generan controversia. A diferencia de la ley vigente, que exigía reconocer la pérdida ante la inflación desde finales de 2023, la nueva propuesta oficial solo contempla el desfasaje de 2025. El esquema de actualización propuesto consiste en tres tramos del 4,1% a pagarse en marzo, julio y septiembre de 2026, calculados sobre los básicos de diciembre pasado. Además, establece convocatorias a paritarias cada tres meses, pero sin la obligatoriedad de indexar los sueldos automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En cuanto a los gastos de funcionamiento, el Gobierno propone un mecanismo de actualización automática si la inflación anual supera el 14,5% proyectado en el presupuesto. Como elemento adicional para seducir a las autoridades académicas, se incluyó una partida de $80.000 millones destinados específicamente al sistema de salud universitario, un área crítica que no estaba debidamente contemplada en legislaciones anteriores.
A pesar del acercamiento con los rectores, el clima en los pasillos universitarios sigue siendo tenso. Los gremios docentes y no docentes ya manifestaron su rechazo absoluto, argumentando que el proyecto “borra” la deuda salarial de 2024 y consolida una pérdida del poder adquisitivo. Mientras el ciclo lectivo asoma en el horizonte, el oficialismo apuesta a que el aval de los rectores sea suficiente para garantizar la paz social y evitar nuevas movilizaciones masivas como las registradas el año anterior.
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