Cáritas y organizaciones sociales denuncian que el cierre de la SISU paraliza 700 obras cruciales.
Cáritas y organizaciones sociales denuncian que el cierre de la SISU paraliza 700 obras cruciales.
En una de las críticas más severas desde el inicio de la gestión libertaria, la Iglesia Católica elevó un reclamo enérgico por el desmantelamiento de las políticas de integración en asentamientos y villas. A través de Cáritas Argentina, el arzobispo Gustavo Carrara advirtió que el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU) y el cese de los contratos de sus 300 operarios territoriales no solo dejan en el limbo a 5 millones de personas, sino que liberan el territorio para el control de las organizaciones criminales. “Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico”, sentenció el prelado, vinculando directamente la ausencia de cloacas y agua potable con la vulnerabilidad social extrema.
La parálisis es sistémica y afecta a más de 700 obras de infraestructura básica en todo el país. Según datos de la Mesa Nacional de Barrios Populares, el recorte presupuestario —profundizado tras la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) mediante el decreto 312/25— alcanzó también al programa Mi Pieza, dejando a unas 11.000 mujeres sin los recursos para mejorar viviendas precarias. Para la Iglesia, esta decisión rompe un consenso histórico que se mantenía desde 2016, atravesando las gestiones de Macri y Fernández, y que hoy pone en riesgo la vida de 2 millones de niños y adolescentes que residen en estas zonas.
Desde el Gobierno, la narrativa se centra en la denuncia de irregularidades y corrupción. El Ejecutivo sostiene que el fondo se utilizaba para la compra de terrenos contaminados y el financiamiento de estructuras políticas vinculadas a Juan Grabois. Sin embargo, el arzobispo Carrara recordó que la propia auditoría oficial de la gestión Milei, a cargo de Sebastián Pareja, no halló pruebas de malversación, y que incluso la Justicia Federal dictó cautelares para garantizar la continuidad de estas políticas. Para las organizaciones como Techo, la ecuación es biológica: nacer hoy en un barrio popular sin obras de integración equivale a tener una expectativa de vida 11 años menor.
El conflicto escaló ayer con una protesta simbólica de la UTEP en Plaza de Mayo, donde se instalaron casillas de madera para visibilizar la precariedad habitacional. Mientras el Ministerio de Economía retiene los fondos bajo la premisa del equilibrio fiscal, los referentes sociales alertan sobre un impacto irreversible: la pérdida de la presencia estatal en los márgenes. No se trata solo del cierre de una oficina pública, sino de la desaparición del “brazo ejecutor” que servía de escudo ante desalojos y garantizaba servicios esenciales en los 6.467 barrios populares registrados en el ReNaBaP.
El 70% de las personas opera con más de un proveedor financiero, lo que impulsa a las entidades a adoptar inteligencia artificial e interoperabilidad para conocer al cliente y tomar mejores decisiones.
Las malas condiciones climáticas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas intensas.
Un equipo interdisciplinario diseña una alternativa a las gotas tradicionales mediante insertos oftálmicos localizados que prolongan el efecto del medicamento y mejoran la adherencia terapéutica.
Con la participación de 31.000 colaboradoras de 250 firmas, el ranking de Great Place to Work destaca un achicamiento de las diferencias de género en las culturas organizacionales de excelencia.
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Expertos destacan la necesidad de acelerar la incorporación de tecnologías 4.0 ante márgenes productivos ajustados y un contexto de gestión agropecuaria cada vez más complejo.
Bethwel Kibet Chumba se impuso en los 42K de la Ciudad, que reúnen a más de 16 mil corredores de 64 países.
