Dirección de Personas Jurídicas bonaerense avaló el traslado de la entidad a la Provincia, desafiando la competencia de la Inspección General de Justicia. El organismo nacional denunció irregularidades y solicitó la designación de veedores oficiales por sospechas contables.
La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires confirmó este miércoles la aprobación definitiva del traslado de la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a territorio bonaerense.
El trámite, firmado por la directora Silvia Andrea García, ratificó el cambio de jurisdicción que la entidad había iniciado a fines de 2024. Esta medida establece que la fiscalización de la asociación civil queda bajo la órbita exclusiva del gobierno de Axel Kicillof, lo que generó un cruce directo con la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación.
El organismo bonaerense, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Juan Martín Mena, sostuvo que la IGJ carece de legitimidad para intervenir en la vida institucional de la AFA desde noviembre pasado.
Según la resolución administrativa, la entidad que preside Claudio Tapia cumplió con la modificación de su estatuto para fijar su sede administrativa en Pilar, y su sede deportiva en el predio de Ezeiza. La Provincia argumentó que no puede existir un doble control estatal sobre un mismo acto corporativo.
Por su parte, la IGJ notificó a las autoridades de la calle Viamonte sobre un pedido formal para designar veedores oficiales. El inspector Daniel Vítolo justificó la medida por la detección de graves irregularidades en los libros contables y financieros.
Desde el organismo nacional investiga el presunto desvío de fondos hacia sociedades comerciales, contratos con las firmas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas, y la situación patrimonial de una propiedad vinculada al tesorero Pablo Toviggino.
La controversia sumó un capítulo técnico cuando la IGJ rechazó la mudanza la semana pasada, tras constatar en una inspección que en el domicilio declarado en Pilar no existen oficinas ni actividad administrativa.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la resolución provincial no altera el curso de la investigación y que buscarán judicializar el conflicto ante la Cámara Civil. Consideraron que la maniobra administrativa fue ejecutada con celeridad para evitar la fiscalización nacional sobre los movimientos de fondos de la entidad.
El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, celebró la decisión provincial en redes sociales y aseguró que la designación de veedores quedó sin efecto.
No obstante, el Ministerio de Justicia de la Nación mantiene firme el proceso de auditoría.
El escenario plantea un dilema jurídico sobre el alcance de las autonomías provinciales frente a los organismos de control nacionales, mientras la AFA busca operar bajo un nuevo marco regulatorio en medio de denuncias por evasión y falta de transparencia documental.
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