El Parlamento israelí debate un proyecto para restablecer la pena de muerte tras los ataques de 2023. La medida, que se aplicaría en tribunales militares, genera rechazo internacional por considerarse discriminatoria y violatoria del derecho a la vida por la ONU.
El Parlamento israelí se encuentra en medio de un intenso debate jurídico y ético tras dar luz verde inicial a una propuesta legislativa que busca castigar con la muerte delitos relacionados con ataques contra el Estado. Este movimiento rompe con una tradición de décadas, ya que el país no ha aplicado la sentencia máxima desde 1962, año en que el jerarca nazi Adolf Eichmann fue ejecutado por su rol en el Holocausto. El nuevo impulso responde al clima social y político derivado de la incursión armada del 7 de octubre de 2023.
La arquitectura del proyecto de ley ha despertado alarmas a nivel global por su carácter selectivo. El texto estipula que la pena máxima se aplique a quienes cometan actos fatales motivados por hostilidad hacia la población judía o con el fin de socavar la soberanía nacional. Sin embargo, su aplicación recaería principalmente sobre los tribunales militares que operan en los territorios ocupados, los cuales juzgan de forma exclusiva a ciudadanos palestinos. A diferencia del sistema civil, esta reforma permitiría dictar la sentencia de muerte por mayoría simple de los jueces y, de manera excepcional, eliminaría el beneficio de indulto o cualquier posibilidad de reducir la condena.
El sector más radical del gabinete, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, defiende la medida como una herramienta de disuasión indispensable. No obstante, la iniciativa no cuenta con un apoyo unánime dentro de las instituciones de seguridad. El Servicio de Inteligencia Interna (Shin Bet) ha advertido en diversas ocasiones que las ejecuciones podrían radicalizar aún más el conflicto y provocar una escalada de represalias. Por otro lado, un colectivo diverso de magistrados, rabinos y profesionales de la salud ha alzado la voz contra lo que consideran una ley basada en el revanchismo que vulnera los estándares democráticos y éticos del país.
Desde el exterior, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado a las autoridades israelíes a descartar la propuesta. Los expertos de la ONU señalan que la normativa es discriminatoria y que priva a los tribunales de la facultad de analizar factores atenuantes en cada caso, lo que podría derivar en errores judiciales irreparables. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denuncian que esta legislación se suma a un endurecimiento generalizado de las condiciones de detención, en un contexto donde el número de decesos bajo custodia militar ha experimentado un incremento notable en el último año.
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