Un escudo republicano: Trump interviene a favor de Argentina por YPF

En un giro diplomático de alto impacto, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó a la jueza Loretta Preska que desestime el pedido de desacato contra el Estado argentino. La Casa Blanca prioriza la alianza estratégica con la gestión de Milei por sobre las presiones financieras de los fondos litigantes.

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Foto: NA

El tablero judicial de Nueva York acaba de recibir una sacudida que redefine la geopolítica del juicio por la expropiación de YPF. El Gobierno de Donald Trump, a través de una presentación formal del Departamento de Justicia, pidió que la República Argentina no sea declarada en desacato, un alivio procesal que el canciller Pablo Quirno no tardó en calificar como parte de un “día histórico”. El gesto de Washington llega en el momento de mayor asfixia para el país, que enfrenta una sentencia de US$ 16.100 millones más intereses acumulados que ya superan los US$ 2.100 millones.

La embestida contra el Estado había sido liderada por los abogados de Petersen y Eton Park —financiados por el gigante de los juicios Burford Capital—, quienes en enero exigieron sanciones ante el supuesto incumplimiento del proceso de “discovery”. Los demandantes pretenden hurgar en los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios actuales y de la gestión anterior, una intrusión que la Procuración del Tesoro denunció como un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado”.

Lo que hace trascendente esta intervención es el fundamento político y jurídico utilizado por el Departamento de Justicia estadounidense. El escrito advierte que este tipo de litigios contra naciones extranjeras en tribunales locales pueden tener implicancias severas en la política exterior y afectar la reciprocidad entre los países. Al invocar los principios de cortesía internacional y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), la administración Trump envía un mensaje nítido: la estabilidad del vínculo con Buenos Aires es un activo que el sistema judicial de Nueva York no debe poner en riesgo.

Este espaldarazo ocurre apenas seis días después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra de suspender la entrega de los chats solicitados. Sin embargo, el ingreso de la administración Trump en el expediente dota a la defensa argentina de un blindaje diplomático inédito. La estrategia de la Procuración, a cargo de resistir las demandas que se originaron en la irregular expropiación del gobierno kirchnerista en 2012, encuentra ahora un socio de peso en la Casa Blanca para frenar la agresividad de los fondos que buscan ejecutar activos nacionales.

Mientras la Corte de Apelaciones de Estados Unidos define si la condena de fondo queda firme —una resolución que se espera para este primer semestre—, el Gobierno argentino gana tiempo y oxígeno político. En un contexto de profundas reformas internas, el reconocimiento de Washington no es solo un trámite legal, sino un aval a la confiabilidad institucional que el Ejecutivo intenta proyectar ante el mundo, diferenciándose del aislamiento que propició el conflicto original hace más de una década.

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