En lo que se prevé como una jornada de alto voltaje político, el Senado de la Nación sesionará este viernes con el objetivo de dar sanción definitiva a dos reformas estructurales: la modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Bajo la conducción legislativa de Patricia Bullrich, el bloque de La Libertad Avanza llega con los votos asegurados gracias a una alianza consolidada con el PRO, la UCR y bloques provinciales, lo que le permitirá al Presidente inaugurar las sesiones ordinarias el próximo domingo con ambos triunfos bajo el brazo.
El debate de la reforma laboral estará marcado por la aceptación de los cambios realizados en la Cámara de Diputados, donde se decidió eliminar el polémico artículo 44 que afectaba el régimen de licencias por enfermedad. Pese a esta concesión, la ley mantiene su esencia transformadora: se establece el Fondo de Cese Laboral (FAL) para financiar despidos, se crea un sistema de banco de horas que reemplaza a las horas extras y se derogan convenios especiales, incluido el de los periodistas. Ante este escenario, la cúpula de la CGT anunció que presentará un amparo el próximo lunes, denunciando que la normativa vulnera derechos constitucionales de los trabajadores.
En paralelo, la Cámara Alta aprobará la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Si bien el Poder Ejecutivo pretendía inicialmente llevar el límite a los 13 años, debió ceder ante las exigencias de sus aliados para garantizar la mayoría. Un punto crítico en la negociación con los gobernadores fue la asignación de recursos: el Gobierno se comprometió a destinar un presupuesto de $23.000 millones para que las provincias puedan afrontar los cambios estructurales y operativos que demandará la implementación del nuevo sistema penal para menores.
La aritmética legislativa anticipa una victoria cómoda para el oficialismo. Se estima que la reforma laboral obtendrá más de 40 votos a favor, mientras que el Régimen Penal Juvenil podría alcanzar los 46 apoyos. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria mantendrá su postura de rechazo orgánico, tal como ocurrió durante el trámite en Diputados. Esta polarización en el recinto refleja la profundidad de los cambios propuestos, que buscan flexibilizar el mercado de trabajo y endurecer las políticas de seguridad en un contexto de fuerte presión social.
Con la sanción de estas leyes, el Congreso cierra un período de sesiones extraordinarias marcado por la celeridad y la negociación técnica entre el Ejecutivo y la denominada “oposición dialoguista”. La mirada ahora se desplaza hacia el Palacio de Justicia y las calles, donde el conflicto sindical y las presentaciones judiciales prometen ser el próximo capítulo de una reforma que, aunque aprobada en los papeles, deberá atravesar la prueba de su aplicación real en una economía en plena transición.