Tras un fuerte reclamo del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal de Corrientes revocó la fecha del 7 de octubre y buscará iniciar el debate lo antes posible. Los magistrados aceptaron revisar sus agendas para dar celeridad a una causa que mantiene en vilo al país por la desaparición del menor.
En un giro inesperado durante la audiencia preliminar, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes decidió dar marcha atrás con la planificación original y anunció que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se adelantará. Los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco habían fijado inicialmente el 7 de octubre como fecha de apertura, pero ante la impugnación inmediata del fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, el cuerpo judicial aceptó reconsiderar los plazos para que el debate comience “lo más pronto posible”.
El quiebre de la audiencia se produjo cuando el fiscal Schaefer realizó un duro descargo contra la demora de ocho meses para iniciar el proceso. “Acá hay un chico que está desaparecido y no sabemos dónde está”, sentenció el representante del Ministerio Público, quien cuestionó que se otorgaran nuevos plazos de 15 días para depurar pruebas cuando la fiscalía ya había ajustado su nómina a 161 testigos clave. La presión de la querella y la presencia de la familia de Loan en la sala fueron determinantes para que los jueces dictaran un cuarto intermedio y rectificaran su postura inicial.
El presidente del Tribunal explicó que la fecha de octubre no fue “caprichosa”, sino que respondía a la complejidad de coordinar las agendas de magistrados que integran tribunales en Formosa, Río Negro y La Pampa. Sin embargo, reconoció la urgencia del caso y se comprometió a “rebobinar” otras causas en trámite para priorizar el juicio por Loan. A diferencia del plan original de audiencias fijas, el Tribunal advirtió que ahora se utilizarán fechas intercaladas para agilizar los tiempos, manteniendo la obligatoriedad de que los testigos comparezcan de forma presencial.
La causa cuenta con 17 imputados divididos en dos expedientes. En el principal, siete personas, entre ellas Laudelina Peña, el capitán de navío Carlos Pérez y la exfuncionaria Victoria Caillava, están acusadas de la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años, visto por última vez el 13 de junio de 2024. Por otro lado, diez profesionales vinculados a una presunta red de asesores enfrentan cargos por obstaculizar la investigación y desviar pistas mediante maniobras fraudulentas y presiones sobre los menores que fueron testigos en el naranjal de 9 de Julio.
Con esta resolución, el sistema judicial busca saldar una deuda de celeridad en un proceso que el fiscal Schaefer definió como “no una causa común y cualquiera”. En los próximos días, tras consultar con los equipos técnicos, el Tribunal notificará la nueva fecha definitiva, con el objetivo de que el debate oral y público arroje luz sobre el paradero del menor y la responsabilidad de los detenidos.
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